¿Y los de arriba?
La detención de la enfermera Brenda Agüero el pasado viernes, como presunta responsable de la muerte de bebitos recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal, más la imputación de tres autoridades del nosocomio por cuestiones funcionales, permitió desinflar un poco el estupor social por este hecho aberrante, si se llegara a probar la hipótesis de la intencionalidad. La trabajadora de 27 años está acusada de homicidio calificado reiterado, y será sometida a una pericia interdisciplinaria psiquiátrica-psicológica para determinar el grado de comprensión de la realidad y, en función de eso, dirigir sus acciones: para saber si es o no imputable.
El fiscal Raúl Garzón espera recibir en las próximas horas un nuevo informe de los peritos forenses, quienes trabajan con las historias clínicas de los bebitos fallecidos y para poder comparar los análisis con los resultados de las dos autopsias ya concretadas y que con-firmaron el suministro de potasio a esos pequeños. Por ahora están descartadas exhumaciones y los especialistas avanzan en la recolección de la prueba científica que podría ser fundamental a la hora de sostener la acusación.
Ahora bien, el otro capítulo involucra a las responsabilidades funcionales. Por el momento, las imputaciones a este nivel alcanzan a la ex directora Liliana Asís, la jefa de Neonatología Marta Gómez Flores y a la jefa de ese Servicio, Adriana Morales. El reproche es la demora en las denuncias, considerando que el primer hecho documentado sucedió en marzo pasado, y las presentaciones judiciales fueron en junio.
Inevitablemente, el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, y tal vez otras autoridades, están en el ojo de la tormenta, ya que habrían conocido los hechos desde el primerísimo momento, y ordenado una investigación inter-na en lugar de la denuncia judicial. Obviamente, el sentido común indica que en caso de haber denunciado a tiempo, a lo mejor, se lograba salvar la vida de algunos neonatos. Son estas algunas de las cuestiones no aclara-das aún y que también nos remiten a la pregunta… ¿Y los de arriba?
Machete inimputable
Cuando a fin de año repasemos los hechos más conmocionantes de 2022 sin dudas, por lo macabro y espantoso, recordaremos lo ocurrido el sábado 11 de junio en una vivienda de calle Ushuaia al 3000 de barrio Kairos. Ese día, Eric Van De Velde cerró las puertas de esa casa y con un machete atacó y mató a su sobrino Santiago de 12 años e hirió gravemente a su madre, Norma Cejas de 56, y a su hermana Vanesa de 38; ambas todavía permanecen internadas con graves secuelas.
Si bien las pruebas recolectadas por el fiscal tres de Violencia Familiar, Cristian Griffi, son elocuentes sobre la autoría de Van De Velde, desde el primer momento se puso en duda su condición mental y emocional. Por estos días, los peritos psicólogos y psiquiatras le confirmarán al fiscal que el acusado es inimputable, es decir, que no comprende sus actos y no es consciente del desastre que provocó. Según dijo Afredo, el padre del joven, Eric veía a sus parientes «como enemigos», lo que de algún modo se reflejaba en escrituras y delirios místicos.
Desde el momento de su detención, Van De Velde permanece aislado en el Centro Psicoasistencial o CPA, un lugar de detención para hombres con problemas mentales ubicado en la UCA, detrás del Hospital Misericordia. A partir de los resultados de esta pericia psiquiátrica la causa judicial será archivada muy posiblemente y Van De Velde alojado en algún lugar en el que pueda estar mínimamente contenido, aunque es difícil imaginarlo ahora.
Como antecedente, vale recordar la tragedia sucedida en agosto de 2017 en la fábrica de hielo Polarcito de barrio San Vicente cuando un empleado, José Suárez, mató a tiros a dos compañeros, padre e hijo, Ramón y Damián Rojas, e hirió al encargado del local, Hugo Herrera. Suárez fue declarado inimputable y estaría viviendo en la Patagonia, en lo de un familiar.
En el caso de Van De Velde, posiblemente recordemos el caso como el del “machete inimputable”.