La FIFA determinó ayer que el clásico Brasil-Argentina, suspendido el pasado 5 de septiembre de 2021 a los cinco minutos de juego, deberá “repetirse” en fecha a determinar y además impuso sanciones para los futbolistas Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero.
“Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos y a la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA”, comienza el comunicado del ente que regula el fútbol mundial, publicado en su página oficial.
Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó de inmediato que apelará el fallo de la FIFA, que también implica una sanción económica de 200 mil francos suizos a la federación argentina por “incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido”.
“Como presidente de la AFA, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la Selección argentina. Siempre”, escribió en Twitter.
La resolución de la FIFA generó sorpresa porque se aguardaba una resolución favorable para la Argentina con la obtención de los tres puntos, tras los incidentes que provocaron la anulación del clásico sudamericano, en pleno juego.
El partido correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Neo Química Arena de San Pablo fue suspendido por el ingreso a la cancha de las autoridades sanitarias locales, quienes apuntaron contra la AFA por incumplimiento de protocolo de salud en las inscripciones de Buendía, Martínez, Lo Celso y Romero.
Los cuatros jugadores del seleccionado argentino, quienes militan en la liga inglesa, deberán cumplir una sanción de dos encuentros.
La brasileña Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) pretendía que “Dibu” Martínez, Romero y Lo Celso, titulares ante el pentacampeón del mundo, abandonaran el partido y fueran deportados automáticamente del país, por haber “falseado sus declaraciones juradas”, tras haber permanecido en territorio británico -al menos- una semana atrás.