La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) se declaró ayer en estado de emergencia por la fuerte crisis que atraviesa el sector y le reclamó una audiencia al presidente de la Nación, Mauricio Macri.
En un comunicado de prensa, la Faipa criticó las “tarifas impagables” instauradas por la administración nacional y le pidió al gobierno nacional el cese de embargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), control sobre la clandestinidad del sector (que llega al 40% en todo el país), una reducción de aportes patronales y moratorias de a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas. A su vez, reclamaron control sobre el precio del trigo, punto que consideraron fundamental. Según los datos de la federación, el incremento de la haría fue de 300%.
Además, la Faipa arrojó un alarmante dato que ilustra la complicada situación de los panaderos: a lo largo de los últimos años se produjo el cierre de 1.000 panaderías. “Es un número muy importante y no tenemos respuesta a nivel nacional a todo lo que hemos solicitado”, aseguró en declaraciones radiales el titular de la federación, Miguel Di Betta. “Cada vez se está poniendo más difícil la situación y a esto le tenemos que buscar un corte”, añadió. Por otro lado, el referente del sector estimó que las ventas descendieron entre el 30 y el 35% en todo el país.
Finalmente, Di Betta volvió a pedir una audiencia con el jefe de Estado con la intención de exponerle la situación. “Voté a Macri porque pensé que era para mejor, pero me equivoqué”, aseguró el titular de la Faipa. En el comunicado, la federación advirtió que si el gobierno nacional no da respuestas contundentes en 30 días, las panaderías cesarán con los pagos impositivos para salvaguardar las fuentes laborales. “Tenemos tarifas impagables de agua, luz y gas y no podemos solventar los gastos que tenemos”, finalizó Di Betta respecto de una actividad que representa, según sus estimaciones, a 370.000 panaderías y a 400.000 trabajadores en todo el país.