Con el objetivo de no caer en el default, el gobierno nacional acordó un auxilio financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados del año pasado. El monto ascendió finalmente a los US$ 57.000 millones, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo.
Desde ese momento, se desembolsaron alrededor de US$ 45.000 millones, es decir, el 80% de lo convenido. Y si se cumplen los objetivos fiscales, el organismo multilateral le girará otros US$ 5.500 millones más al país antes de que termine 2019. De esta manera, se habrá transferido casi el 90% del préstamo.
Una vez alcanzado ese porcentaje, para la consultora especializada Ecolatina, será momento “de empezar a pensar en su repago”. Según un informe de la organización difundido ayer, entre 2022 y 2023, nuestro país debería devolverle al FMI más de U$S 46.000 millones entre capital e intereses. Si a esto se le suma el calendario de pagos de bonos para esos años, el monto casi se duplica.
Ante este panorama, la consultora lanzó una advertencia respecto de las posibilidades del Estado de afrontar los compromisos asumidos. “Una parte importante de los pasivos deberá ser refinanciada”, explicó Ecolatina. Sobre este último punto, aclararon que la mayoría de los pasivos está nominado en moneda extranjera y que “si el Estado nacional no consigue esos dólares, posiblemente deba comprarlos en el mercado local”, lo cual implicaría reabrir el financiamiento privado. No obstante, la decisión no bastaría para pagarle al organismo multilateral.
Entonces, la situación podría derivar, para Ecolatina, en una modalidad que posee el FMI para países que no cuentan con suficiente moneda extranjera: el Servicio Ampliado de Fondos. Otorga créditos modestos, pero con mayores plazos de pago. Sin embargo, exige no sólo cumplimientos cualitativos (como la meta fiscal), sino también la aplicación ciertas políticas que contribuyan a estabilizar la macroeconomía.