El martes 10 de marzo, poco más de tres meses atrás, el gobierno argentino resolvía mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) reestructurar la deuda pública emitida bajo ley y moneda extranjera por más de US$ 68.842.528.826. Bajo la premisa de lograr un acuerdo sustentable para el país que permita el crecimiento económico”, el Poder Ejecutivo ingresaba, 10 días antes de declarar la cuarentena, en un largo camino de idas y vueltas cuyo desenlace, aún inconcluso, era evitar caer en el noveno default de nuestra historia.
Pese a que en varias oportunidades se creyó estar muy cerca de lograr un acuerdo con los tenedores de bonos, los peregrinos argentinos, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio presidente Alberto Fernández a la cabeza, continúan hoy, más de 100 días después, andando por esa senda que sigue siendo paralela a la de los acreedores. Sin embargo, como en toda historia digna de ser analizada, es imposible saltarse los detalles que la conforman.
Para ello hay que remontarse semanas antes de la publicación del nombrado DNU, cuando las autoridades nacionales comenzaron a avanzar en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad a la cual Argentina le debe cerca de US$ 44.000 millones. En medio de ese diálogo, el organismo multilateral llegó a coincidir con la actual gestión al considerar que la deuda de Argentina no es sostenible”. Asimismo, el equipo técnico del FMI destinado a hacer de enlace con el país indicó: Se requiere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad del pasivo con una alta probabilidad”.
Este apoyo” de un peso pesado como es el Fondo, dirigido por Kristalina Georgieva, empujó al equipo económico a decretar el inicio del proceso de renegociación de la deuda soberana. Un mes y 11 días después de ese DNU, es decir, el martes 21 de abril, el ministerio de Economía hizo su primera presentación formal ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Esa oferta inicial contemplaba una quita en la carga de intereses de 62% (US$ 37.900 millones) y un alivio en el capital de 5,4% (US$ 3.600 millones), es decir, una reducción total de US$ 41.500 millones. Además, la propuesta establecía un período de gracia hasta 2023, año en el que el país empezaría a abonar una tasa de interés promedio de 0,5%. La misma iría creciendo a niveles «sostenibles» hasta llegar a 2,33%.
Los fondos de inversión rechazaron completamente este ofrecimiento, a tal punto que nunca se llegó a develar el nivel de aceptación. No obstante, con esta propuesta comenzó el verdadero período de conversaciones, que fue aún más crítico a partir del miércoles 22 de abril, día en que el país decidió no pagar los intereses de tres bonos globales, por más de US$ 500 millones. Con este incumplimiento se abrieron automáticamente 30 días de gracia, en los que Guzmán y compañía debían cancelar ese monto, o reperfilar” esos títulos, para no caer en cesación de pago. Durante ese mes, el proceso de renegociación que llevaba a cabo el Gobierno recibió un fuerte respaldo por parte de los diferentes sectores económicos, de todos los gobernadores, e incluso una carta firmada por más de 130 economistas de todo el mundo, entre los que se destacaron los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, Jeffrey Sachs y Thomas Piketty, titulada Es esencial la reestructuración de la deuda privada argentina”.
Ante este panorama, el riesgo país (indicador de la empresa financiera JP Morgan, que mide la probabilidad de que un Estado logre o no pagar los vencimientos de sus obligaciones) comenzó a descender, y todo apuntaba a que se lograría llegar a un pacto por el canje de bonos. A partir de allí, el diálogo con los acreedores se aceleró: Argentina extendió el plazo de negociaciones hasta el viernes 22 de mayo, y recibió tres contrapropuestas que acercaron un poco más a las partes, pero que seguían significando una gran distancia.
Ante la inminente caída en default soft” por no pagar el vencimiento de los bonos, el titular del Palacio de Hacienda indicó: Somos flexibles, si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad, estamos dispuestos a escucharlas”. El 22 de mayo el Gobierno decidió extender una vez más el plazo de negociaciones hasta el 2 de junio, confirmando la caída del país en ese tipo de default por no cancelar los más US$ 500 millones.
Desde ese día y hasta la fecha, la cartera económica pospuso el plazo dos veces y se espera que hoy vuelva a ser corrido por enésima vez. En el último capítulo registrado de esta novela que parecer no tener fin, BlackRock, el principal fondo de inversión participante, responsabilizó al Gobierno por la ralentización de las negociaciones y amenazó por primera vez con ir a juicio. Lo cierto es que en las últimas semanas las conversaciones se dilataron más de lo previsto y el tan ansiado acuerdo no parece estar cerca, incluso no hay certezas de que, finalmente, se lo pueda alcanzar.