Esta tarde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitió un comunicado manifestando su preocupación sobre el sistema de registro de precios, stocks y ventas lanzado por el Gobierno Nacional.
Destacaron que su implementación les implica una nueva carga administrativa y los alerta sobre el ejercicio de la libertad comercial y la intervención en las decisiones de las empresas”.
La aplicación del SIPRE consiste en que las grandes empresas informen mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios. Desde la Nación se aseguró que entre los objetivos se encuentra la de brindarle al Estado una herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que puedan producirse.
Los industriales de la provincia, sin embargo, resaltaron su inquietud frente a determinados proyectos y disposiciones que atentan al respeto de la actividad privada y la generación de empleo, teniendo en cuenta el cierre de infinidad de PyMEs en los últimos meses”.
Se refirieron también a la inflación como un flagelo” que necesita solución y que por ello apelan a un plan consensuado y sostenible, de lo contrario, será muy dificultosa la viabilidad comercial atada a medidas discrecionales”.
En cuanto a la resolución de los precios cuidados y máximos y al aumento de costos sin previsibilidad como es el caso de los combustibles y la energía, entre otros, conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas”, manifestaron.
La UIC destacó que la ley sobre Impuesto a las Ganancias a pesar de restarle presión a los sueldos de sus trabajadores, traslada ese déficit a las empresas y evidencia una vez más la falta de una mirada genuina para abordar la reducción del gasto público.
La organización agregó que la presión tributaria en todos los niveles marcadamente superior a otros países de la región y agravada por la salida del consenso fiscal se suma a este escenario de incertidumbre”.
Exigimos a quienes les toca gestionar los destinos de nuestro país y que tienen la obligación de velar por el bienestar general, máxima prudencia en este tipo de decisiones y ponderamos la construcción de consensos para allanar el camino del crecimiento, resaltando que sin previsibilidad y seguridad jurídica no hay inversión privada y sin ésta no hay futuro alguno para nuestra sociedad”, resaltó.