Nadie quiere dar su información, de la que se dice que es poder”. Así como no existen empresas sin secretos empresarios, hoy tampoco existen Estados que no sean bobos si no dispone de ella. Puesta en debate en estos días, es imprescindible reconocer esa historia, las prácticas y las tendencias internacionales.
Inflación, precios y abastecimiento
Desde 1960, AC Nielsen –la mayor empresa de investigación de mercados- puso a disposición de quien quiera comprarlos, paneles de distribución para que minoristas y fabricantes contaran con la información de cada producto y formato de consumo masivo, dónde se vendía, a qué precio, cuántas veces, qué cantidad por cada venta y cuál era el total vendido, especialmente en alimentos, bebidas y productos de limpieza envasados.
Con la introducción del código de barras, en 1995 Argentina fue el quinto país del mundo en contar con ese servicio mediante el uso de escáneres, al que las grandes cadenas de supermercados y muchos comercios tradicionales de cercanía informan diariamente de todas sus ventas, cuyos resultados agregados se venden –junto a una auditoría de promociones y exposición en góndolas- para la toma de decisiones, especialmente en distribución.
¿Por qué las empresas pueden disponer de esa información diariamente y el Estado no puede contar con ella para conocer de inmediato los precios, los cortes de abastecimiento y la exposición en góndola de los productos envasados de consumo masivo? No parece que la exigencia de información de stock, producción y precios de la Secretaría de Comercio –cuestionada hoy por las asociaciones empresarias- sea suficiente para equilibrar la información de las empresas y el Estado, aunque va en el sentido correcto.
Exportaciones
En los 90 se intentó implantar el Sistema María, que en su módulo estadístico podía informar quienes exportaban, cuándo, cuánto, a qué precio, porqué medio, con qué banco, empresa de seguros y empresa transportista, etc., como se hacía hace años en muchos otros países.
Más allá de la enorme complejidad de los intereses políticos y económicos en juego en esa década –que derivó en causas penales-, lo único real es que esa información nunca se hizo pública, lo que aumentaría la transparencia, limitaría las sucesivas acusaciones de contrabando y concentración económica en favor de las Pymes que podrían competir con información precisa, y no la simple información estadística que se dispone hoy desde el Indec.
¿Quién gana si esa información no la dispone el Estado (y los potenciales exportadores) si no se hace pública? Hoy las 200 empresas más grandes concentran el 91,6% de las exportaciones.
Concentración y extranjerización
Hasta 2005 existía una serie estadística del Indec, denominada Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE), que informaba anualmente la producción total, exportaciones, importaciones, utilidades, puestos de trabajo, salarios pagados, e inversión bruta fija de las empresas según el origen de su capital y el rubro de actividad.
Desde ese momento se dejó de publicar, sin que el poder económico, mediático o político lo objetara, a pesar de las enormes críticas a la intervención del Indec y su aparente destrucción por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
¿A alguien le interesa mostrar o no mostrar la concentración empresarial, del comercio exterior, de las utilidades, de la generación de empleo y la inversión bruta fija de las empresas nacionales y extranjeras?
Con el actual Gobierno se recuperó mucho de esa información, con un informe 2015-2019 de enero de este año.
Fiscalidad y planificación fiscal
En noviembre de 2018, en Montevideo, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, con el apoyo del G-20, dispuso el inicio generalizado del intercambio automático de información de cuentas financieras. En él, los miembros del Foro Global hicieron un balance del tremendo progreso alcanzado en la implementación del estándar de intercambio automático de información (AEOI), con 4.500 intercambios bilaterales exitosos que tuvieron lugar entre 86 jurisdicciones, entre las que se cuentan los principales países desarrollados, y nuestro país. No obstante, todavía los países desarrollados están en deuda por los paraísos (o guaridas fiscales”), de baja o nula tributación, que sostienen bajo su dominio.
Con la resolución AFIP 4838 sobre planificación fiscal, que es el neologismo utilizado para minimizar, eludir o evadir el pago de impuestos en los lugares o países en los que se producen los hechos imponibles, se ha dado un paso legítimo, pero excesivo. Por ello ha sido judicializada por los CPCE, en representación de sus profesionales asesores fiscales, que a la vez pueden ser imputados de delitos, mientras que, simultánea y contradictoriamente, son obligados a informar sobre sus clientes, violando su secreto profesional, cuando dicha información puede ser proporcionada directamente por las empresas.
En cuanto a Pymes nacionales, claramente las de mayor tributación relativa en nuestro país, la discusión pasa por el huevo o la gallina”. O sea: si se comienza exigiendo transparencia y fiscalidad desde el Estado, o disminuyendo su carga tributaria previamente.
Mientras tanto, los lobbies de las empresas más grandes hacen su agosto en todos los ámbitos –medios masivos, judiciales, legislativos o Ejecutivos del Estado- para influir en las decisiones de políticas y normas.
Por otro lado, la academia, los organismos multilaterales, las organizaciones no gubernamentales, las entidades profesionales y las principales empresas de consultoría y auditoría procuran contradictoriamente mostrar su búsqueda de transparencia, pero, en realidad, la mayoría está sometida a los intereses de sus financiadores o su propia sobrevivencia.
¿Se podrá alguna vez lograr que el Estado tenga la información necesaria y suficiente para no ser bobo, monitorear el funcionamiento de los mercados, lograr una economía sostenible y que la tributación sea universal, justa y progresiva?