En la lista figuran, entre otros, grandes empresarios y jugadores de fútbol: son deudores que completaron la declaración jurada, determinaron el monto que debían ingresar, pero no hicieron el pago.
El monto de la deuda alcanza a los $1.200 millones de dólares, según la Afip.
Las acciones legales contra los morosos fueron iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) en distintos juzgados del país. De acuerdo con números oficiales, a mayo último se habían fiscalizado a 2.500 personas con patrimonios superiores a los $200 millones, que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes de este impuesto.
El tributo alcanzó a unas 13 mil personas, que deben abonar por única vez un monto determinado para recaudar fondos que, según indicó el Gobierno, se destinarán a sectores afectados por la pandemia.
Si bien la AFIP mantiene suspendidas las ejecuciones fiscales y la traba de embargos por la pandemia, habilitó en mayo la posibilidad de utilizar esas herramientas sobre los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.
Hasta el momento, el Fisco logró recaudar unos $240.000 por ese gravamen, cuya instrumentación provocó cerca de 200 recursos de amparo por parte de personas que se negaban a pagarlo: la gran mayoría de esos reclamos fueron rechazados.
La Ley 27.605. contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de esa normativa, más de $200 millones.
La tasa se eleva al 2,25% para quienes poseen un patrimonio de entre $300 millones y $400 millones; al 2,50% entre $400 millones y $600 millones y al 2,75% de $600 a $800 millones.
Esa tasa sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $800 millones y 1.500 millones; al 3,25% de $1.500 millones a $3.000 millones y, a partir de esa cifra, es del 3,5%.