El Gobierno confirmó el fin de semana que apelará “inmediatamente” el fallo emitido el viernes pasado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en una causa por la estatización de YPF, donde determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012.
El fallo de la jueza newyorkina cayó en un pésimo momento para el gobierno argentino, en plena campaña por las elecciones presidenciales de octubre, con el sacudón que significó la emergencia del ultraliberal Javier Milei en las Paso de agosto. “El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”, anunció la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
“El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, expresó Cerruti. “Es un fallo en primera instancia, que tiene que pasar por una corte de Apelaciones. La Argentina va a realizar la apelación y después llegará a la Corte Suprema”, agregó el gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien consideró que “yo creo que Argentina tiene altas chances (de ganar en la disputa jurídica) porque el fallo es un absoluto disparate, un absurdo jurídico y tiene motivaciones con un negocio especulativo con comprar juicios y buscar un tribunal que te va a dar la razón”.
En la misma línea, el estudio de abogados Sullivan & Cromwell -que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital- manifestó “su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito” de Nueva York y ratificó “la intención de apelar la sentencia”. “Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EE.UU., en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos”, agregó Giuffra en una nota a la prensa.
Sin embargo, la reacción de la oposición argentina fue feroz: “Me acuerdo que Kicillof se hizo el canchero y dijo que lo pagaba en pesos, y ahora cuesta US$ 16.000 millones de dólares, una cifra impresionante, no se puede dimensionar el daño que provocó esa irresponsabilidad”, sostuvo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, donde consideró que la expropiación “se podría haber hecho de otra manera”, pero “fueron con el modelo kirchnerista, es decir, no me importa la Ley y después que lo paguen los argentinos”. “La confiscación de YPF fue una tragedia”, agregó el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo, quien denunció que el Grupo Eskenazi “se adueñó del 25% de YPF sin poner un mango” y que luego el Gobierno “se adueñó de la empresa sin pagarla”.
El fondo inglés Burford compró los derechos de litigar contra la expropiación de YPF en 2012. Tal como el juez Thomas Griesa ese mismo año -en la causa iniciada por los holdouts que rechazaron el “canje de deuda” impulsado por la gestión de Néstor Kirchner-, ahora la jueza Preska falló a favor del fondo Burford, otorgándole el monto máximo de la compensación que reclamaba, un total de US$ 16.000 millones que se pueden convertir en otra pesada mochila para Argentina.