En los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska dictaminó este viernes que el país deberá pagar una cifra que podría quedar cerca de los US$ 16.000 millones por la estatización de YPF, que se llevó a cabo en 2012.
Preska definió en una sentencia los parámetros que deberá seguir la determinación de la indemnización que deberá pagarle el país al fondo Burford Capital, una orden que colocó a la Argentina ante el peor escenario posible: la jueza rechazó los argumentos presentados por los abogados del país y emitió un dictamen favorable a los argumentos presentados por los letrados de los demandantes. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
“Axel Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, indicó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US $5.000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$ 16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos clave: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –que fue fijada en un 8%– y la fórmula para calcular el monto de la indemnización. Esos parámetros dejan el monto final de la indemnización cerca del techo, es decir, en alrededor de US$ 16.000 millones, según estimaciones.
La Argentina apelará la decisión en un último intento por reforzar su posición para sentarse a negociar la cifra final de la indemnización con Burford Capital, pero la posibilidad de que prospere son efímeras: es poco habitual que un fallo emitido por un tribunal federal de primera instancia sea luego revertido por un tribunal de apelación.