Grupo México, el holding empresarial que se retiró de la licitación del Belgrano Cargas, cuestionó el modelo de privatización que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que el esquema de acceso abierto puede elevar los costos y reducir la competitividad del sistema ferroviario.
En un comunicado, el Consejo de Administración de la compañía sostuvo que el modelo conocido como Open Access resulta “ineficiente” y requiere subsidios públicos para mantenerse. Además, afirmó que distintas empresas ferroviarias colapsaron bajo ese esquema.
En contraposición, defendió la integración vertical, que permite a una misma empresa controlar la infraestructura y la operación ferroviaria. Según el grupo mexicano, ese modelo genera mayores incentivos para invertir, mejorar la eficiencia y optimizar la logística.
La firma consideró que el proceso argentino no contempla un esquema de integración vertical y competitividad que, a su criterio, beneficiaría a los futuros clientes del ferrocarril. Por esos motivos, decidió apartarse de la licitación.
Quiénes siguen interesados
Tras la salida de Grupo México, continúan en carrera empresas vinculadas con la minería, el comercio de granos y la logística. Entre ellas figuran el Consorcio Agroindustrial y Cerealero, integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
También evalúan participar operadores ferroviarios que ya tienen contratos vigentes, como Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca.
El plan oficial contempla separar la venta del material rodante de las concesiones de vías, talleres e inmuebles asociados. En el caso del Belgrano Cargas, la red comprende más de 7.700 kilómetros que atraviesan 15 provincias y conectan zonas productivas del norte argentino con los puertos del Gran Rosario.
Las estimaciones oficiales prevén obras ferroviarias por unos US$800 millones, destinadas a renovar vías, rehabilitar ramales, modernizar sistemas de señalamiento y mejorar la infraestructura logística.
El BID otorgó una garantía de US$200 millones para reforzar la red eléctrica