Los principales puertos del país atraviesan una paralización de operaciones luego del inicio de un cese de actividades de los prácticos, pilotos y baqueanos, en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje. Según fuentes del sector, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de las terminales.
La medida afecta a puertos estratégicos como Campana, Dock Sud, San Lorenzo, Arroyo Seco y Bahía Blanca, entre otros, y generó advertencias dentro del sector energético por posibles dificultades en el abastecimiento de combustibles.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) señaló que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos y alertó que la situación podría complicar el transporte de productos energéticos.
El conflicto por el practicaje
La Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar a los profesionales habilitados para que retomen la prestación del servicio. El organismo sostiene que el practicaje es una actividad regulada por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en sanciones administrativas y denuncias.
Desde el sector aclaran que no se trata de un paro gremial, ya que los prácticos son profesionales independientes sin relación de dependencia. La medida consiste en dejar de aceptar nuevos servicios de asistencia para las maniobras de los buques.
El practicaje es obligatorio para gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y los accesos portuarios argentinos.
Qué cambia con el Decreto 690/2026
La norma impulsada por el Gobierno nacional reemplaza un régimen vigente desde 1991 y busca, según el Ejecutivo, reducir costos logísticos y aumentar la competencia.
Entre los cambios establece un registro abierto de prácticos habilitados, permite la contratación libre de prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas.
El decreto también elimina la obligación de cambiar de práctico durante ciertos recorridos y flexibiliza condiciones para la prestación del servicio.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá bajar el denominado “costo argentino”, sectores vinculados a la actividad marítima cuestionan la medida y advierten sobre posibles impactos en la seguridad de la navegación y el funcionamiento del sistema portuario.