El Gobierno de la provincia de Córdoba expresó su respaldo a la industria automotriz en el pedido de prórroga de la Ley Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, una herramienta considerada estratégica para sostener inversiones, empleo y competitividad en uno de los principales complejos productivos del país.
El planteo fue realizado durante una reunión encabezada por el gobernador Martín Llaryora con representantes del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba, quienes manifestaron la necesidad de extender la vigencia de la Ley 27.263 hasta 2034.
Actualmente, el régimen se encuentra vigente hasta 2029, aunque la incorporación de nuevos proyectos industriales solo podrá realizarse hasta 2027, situación que genera preocupación en el sector ante la necesidad de garantizar previsibilidad para futuras inversiones.
La normativa establece un sistema de reintegros vinculado al nivel de integración nacional de autopartes, incentivando la producción local y fortaleciendo la red de proveedores industriales. Desde su implementación, la ley permitió consolidar proyectos estratégicos y ampliar la capacidad productiva en distintas provincias.
En Córdoba, considerada uno de los polos automotrices más importantes de Argentina, el régimen fue clave para el desarrollo de vehículos producidos por empresas como Nissan, Renault Argentina y Stellantis.
Entre los modelos vinculados a este esquema aparecen la Nissan Frontier, el proyecto Niagara y unidades como Cronos, Titano y Dakota. A nivel nacional, también acompañó programas industriales impulsados por Toyota y Ford.
Los representantes del sector señalaron que la industria atraviesa un escenario complejo, marcado por cambios en la demanda, envejecimiento de algunos modelos actualmente en producción y una mayor competencia de vehículos importados que cuentan con ventajas tributarias.
En ese contexto, sostuvieron que la continuidad del régimen resulta determinante para sostener la actividad y evitar un impacto negativo en la cadena de valor.
La industria automotriz y autopartista emplea a unas 40 mil personas en Córdoba, por lo que una eventual pérdida de incentivos podría repercutir directamente sobre la producción, las inversiones y el empleo.
Durante el encuentro, Llaryora manifestó su compromiso de acompañar las gestiones necesarias para impulsar la extensión de la normativa a nivel nacional y generar espacios de diálogo con distintos actores del sector.
Desde el clúster remarcaron que las decisiones de inversión requieren horizontes de mediano y largo plazo, por lo que una definición anticipada permitiría brindar certezas a empresas que evalúan nuevos proyectos productivos.
Según advirtieron, la falta de previsibilidad podría afectar no solo a terminales automotrices, sino también a cientos de proveedores y pequeñas empresas vinculadas a la cadena industrial.
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