Cuatro de cada diez empleados en el país no están registrados

A la vez, el 30% de los trabajadores en blanco no llega a cubrir la Canasta Básica

Cuatro de cada diez empleados en el país no están registrados

Cuatro de cada diez trabajadores en relación de dependencia no están registrados en la seguridad social en Argentina, lo que eleva la tasa de informalidad entre los asalariados del país al 36,4%, mientras que una mayoría de ellos son jóvenes, según se desprende de un informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

Si bien el estudio muestra una leve disminución del empleo informal en comparación interanual, con una baja del 0,4% en el primer trimestre de 2024, luego de registrarse valores levemente inferiores a 36% durante el tercer y cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Sin embargo, la reducción no es suficiente para cambiar el panorama de precariedad laboral en el país, que está en máximos históricos: se ubica por encima al registrado en el segundo trimestre de 2008 y 2010. Desde ese año hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 la tasa de informalidad se mantuvo en valores entre 32% y 35,7%.

El informe también destaca que la incidencia de la informalidad laboral varía según el género. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad entre las mujeres fue del 37,2%, superando en tres puntos a la de los hombres, que se ubicó en el 34,2%.

Por otro lado, los jóvenes son el grupo más afectado por la informalidad: en el primer trimestre de 2024, casi el 58% de los trabajadores menores de 30 años se encontraba trabajando sin registrarse en la seguridad social. Esto equivale a que seis de cada diez jóvenes asalariados no tienen acceso a derechos laborales básicos, lo que perpetúa una situación de inestabilidad y baja calidad de empleo en el país.

Trabajadores en la pobreza

La informalidad no solo afecta la estabilidad laboral, sino también las condiciones de vida de los trabajadores: un estudio de la consultora Invecq muestra que en el primer trimestre de 2024 el 66,3% de los trabajadores no registrados se encontraba por debajo de la línea de la pobreza y el 23,9% se encontraba en la indigencia. En contraste, el 29,5% de los trabajadores formales era pobre, y menos del 5% estaba en la indigencia. Además, un informe de Fundar destaca que los trabajadores formales ganan un 45,6% más que sus contrapartes informales.

Otro informe firmado por Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), complejiza el panorama al confirmar que uno de cada tres trabajadores formales es pobre a pesar de contar con empleo en blanco, aguinaldo, salario formal, obra social y todas las condiciones que marcan las leyes. Se trata de un fenómeno que se profundizó en la era Milei: la cifra de 30% de asalariados en blanco pobres duplica a las cifras del año pasado, según determinó el estudio. Al mismo tiempo, señala que el 70% de los trabajadores informales están bajo la línea de la pobreza.

Preparan el cierre de la Casa de la Moneda

El Gobierno prepara el cierre de al menos otros cinco o seis organismos o empresas del Estado, entre ellos el de la Casa de la Moneda. “Va a haber cinco o seis más, en cualquier momento se viene el de la Casa de la Moneda”, adelantó un funcionario del Gobierno de Javier Milei.

Al respecto, el dirigente libertario señaló que las funciones que cumple la Casa de la Moneda, principalmente la impresión de billetes, “se licitarán” con empresas privadas.

Asimismo, el Gobierno anunció ayer el cierre de la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que se dedicaba a manejar el personal ferroviario y que, según indicó, “no tenía funciones que justifiquen su existencia”.

“La medida constituye un ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales”, justificó la Secretaría de Transporte.

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