A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales, un total de 16 cámaras empresarias consensuaron un documento en el que advierten al próximo gobierno sobre el delicado escenario actual del comercio exterior y reclamaron una serie de medidas para “priorizar, en la futura agenda de gobierno, la competitividad, la confiabilidad y la estabilidad de reglas”.
Se trata de una carta abierta elaborada por la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA), la Cámara de Importadores (CIRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre muchas otras entidades empresarias.
Las entidades plantearon que el sector de comercio exterior se encuentra en una situación crítica, con una distorsión de reglas básicas de funcionamiento, como la “multiplicidad de tipos de cambio y restricciones al comercio (SIRA, SIRASE, CEF), potencialmente inconsistentes con acuerdos internacionales e inclusive con nuestra propia legislación, así como la liquidación mandatoria de divisas de exportación”, lo que está generando una disminución muy significativa en las exportaciones argentinas y de las empresas que deciden emprender el camino de exportar, enfatizaron las cámaras. “La Argentina en 2023 puede llegar a representar apenas un 0,25% de las exportaciones mundiales, un mínimo histórico”, precisaron en el texto.
Los empresarios alertaron también por el abultado nivel de deuda comercial privada con proveedores del exterior, que se viene incrementando desde mediados del año pasado, cuando el Gobierno comenzó con los primeros pedidos a empresarios para que financien sus importaciones. “El nivel de deuda comercial privado con proveedores del exterior superó todos los récords, alcanzando una proyección para diciembre de aproximadamente unos U$S 40.000 millones, de los cuales la mitad son pagos postergados a través de las herramientas de administración del comercio y los servicios (puntualmente SIRA y SIRASE)”, dice el documento.
La carta también hace referencia a la falta de avances en los procesos licitatorios, tanto de Hidrovía como del Puerto de Buenos Aires, que “no han hecho más que poner al comercio exterior en un permanente estado de injustificable espera sin atender metas de largo plazo”.
Ante tal escenario, las cámaras exigieron que “es tiempo de encontrar soluciones”. “Necesitamos mayor institucionalidad. Las reglas deben ser claras. Los procesos de comercio exterior deben ser previsibles. No podemos seguir afrontando los costos y los tiempos de la incertidumbre en materia cambiaria; de la falta de diálogo público-privado en los temas inherentes a nuestras áreas de trabajo; de las reglas no escritas y generación de nuevas reglamentaciones y restricciones cada vez a mayor velocidad. Necesitamos mayor vinculación con los mercados internacionales”, expresaron las distintas entidades.
Proponen un “registro único” de planes
Los principales grupos empresarios nucleados en Idea presentaron ayer, en el marco del coloquio que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata, una propuesta para “transformar los planes sociales en empleo” que, entre otros aspectos, sugiere la creación de un “registro único” de beneficiarios y beneficiarias con el fin de “mejorar la transparencia y eficiencia” y “evitar la superposición de planes nacionales, provinciales y municipales”.
El documento se presentó en el 59° Coloquio de Idea, al cual asisten medio millar de directivos y empresarios de las principales compañías del país. En la propuesta se destaca la necesidad de “confeccionar un registro único y público de beneficiarios de programas sociales”, con el propósito de “mejorar la transparencia y eficiencia” y “evitar asignaciones duplicadas o que no correspondan”, así como también “la superposición entre planes nacionales, provinciales y municipales”.
Además, como incentivo para la generación de empleo, plantea “una serie de beneficios para las empresas, entre ellos, la posibilidad de imputar a cuenta del pago del salario el dinero que la persona trabajadora cobra por el programa social, y una reducción de las contribuciones por un período de hasta 12 meses”.