El Gobierno nacional adelantó que dentro de los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está contemplado un aumento en el valor de las tarifas de gas y electricidad. Así lo manifestó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien admitió que este punto fue uno de los motivos por los cuales se demoró el acuerdo.
Según lo anticipado por Cerrutti, las subas tendrán como limitante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, índice que en 2021 fue de 53,4%, según el último informe del Indec. Esto es, no podrán subir más que ese porcentaje. Además, el nuevo esquema plantea una división de los usuarios residenciales en tres segmentos durante el período 2022/2023.
El primero de ellos, se trata de usuarios con plena capacidad de pago que dejarán de percibir los subsidios estatales. El segundo grupo estará integrado por todos los beneficiarios actuales de la tarifa social, quienes afrontarán un incremento equivalente al 40% del CVS de 2021.
El resto de los usuarios, que se encuentran en el tercer grupo, tendrán subas de hasta el 80% del CVS del pasado año en las tarifas energéticas. Teniendo teniendo en cuenta los aumentos anunciados -de 20% para el gas y de 22% para la electricidad- y el índice del CVS de 2021, quienes perciben la tarifa social no contarán con más aumentos. Mientras que para el grupo de “clase media” aún hay margen para más subas.
Respecto a las diferencias tarifarias de la capital y el interior del país, se espera que las actualizaciones tarifarias de gas cuenten con un impacto mayor que las de electricidad. Esto se debe a que el gas cuenta con jurisdicción nacional, mientras que el servicio de electricidad está organizado de manera provincial.
Por ello, cada provincia contará con la autonomía de definir sus propios aumentos sobre la luz, a excepción Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde las empresas servidoras, Edenor y Edesur, son reguladas por la Nación.