El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un recorte parcial y limitado en los sobrecargos que cobra a los países con altos nivel de endeudamiento, como la Argentina, en una decisión que beneficiará al país con un ahorro de al menos US$ 3.200 millones.
Si bien la medida viene siendo reclamada desde la administración de Alberto Fernández, lo cierto es que se produce luego de que Estados Unidos y otras naciones del G7 cedieran en el organismo ante la posibilidad de beneficiar a Ucrania, que encabeza el frente de batalla de Occidente contra Rusia en su propio territorio.
La reforma implicará un efecto positivo para la Argentina, que verá reducida la cuenta de intereses que le paga al Fondo por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. Argentina obtendrá un ahorro de US$ 3.200 millones y una reducción de casi 30% del pago de cargos y sobrecargos en el préstamo con el FMI. El organismo aprobó reducir el margen de la tasa básica de 100 puntos básicos a 60, así como bajar la tasa de sobrecargos basados en el tiempo de 100 puntos básicos a 75 y subir el umbral del nivel a partir del cual se cobran sobrecargos de 187,5% de la cuota a 300%.
“Este cambio de política, que será efectivo desde el 1 de noviembre próximo, significa un ahorro para Argentina de aproximadamente US$ 3.200 millones de dólares, una reducción del 29,1% del pago de cargos y sobrecargos para la totalidad del préstamo actual”, indicó el Ministerio de Economía, que dijo que el ahorro “se sentirá especialmente durante los próximos 3 años fiscales, donde la reducción será de aproximadamente US$ 1.100 millones”. Se trata de un logro conseguido gracias “al exhaustivo trabajo del Ministerio de Economía realizado desde el comienzo del mandato del presidente Milei”, agregó el actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La respuesta no tardó en llegar. Lo resuelto por el FMI es resultado de “una cruzada mundial de cuatro años: desde nuestro planteo inicial en el G-20 de Arabia Saudita en 2020, se construyeron apoyos del G-20, legisladores del Congreso de Estados Unidos, las Naciones Unidas, el Vaticano, muchísimas instituciones académicas y de la sociedad civil”, afirmó el ex ministro de Economía Martín Guzmán, a la vez que desafió al Gobierno al calcular que “implica un alivio para Argentina de casi US$ 450 millones por año (…): es más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Financiamiento Universitario (…). La plata está. ¿Y si esta vez la usan para financiar la educación pública?”.
Alertan por la recesión
Robin Brooks, economista e investigador senior de la Brookings Institution, un tradicional centro de estudios bipartidario de Washington, volvió a criticar la política económica oficial por sus efectos en el nivel de actividad económica.
“El colapso en la demanda doméstica de la Argentina es casi tan severo como durante el Covid-19. La caída del PBI es menos severa solamente porque las importaciones están cayendo fuertemente, con lo cual las exportaciones netas (saldo comercial) son positivas”, explicó Brooks, quien advirtió que la moneda argentina está “sobrevaluada” y que el precio del dólar debería ser más alto.
“La recesión sería menos severa si se permitiera que el peso flote (contra el dólar)”, afirmó el especialista al defender la liberación del cepo cambiario. A la vez, consideró que una nueva devaluación del peso es “inevitable e ineludible”.
Crédito millonario del BID
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, reveló que el organismo le brindará a la Argentina US$ 3.800 millones en créditos, que estarán repartidos entre el sector público y el privado, durante los próximos dos años.
El financiamiento comprenderá de una inyección de US$2.400 millones para el sector público, que se completará este año, y una erogación de US$ 1.400 millones durante los siguientes dos años, para diversos proyectos privados que se desarrollarán en el país.
Goldfajn precisó que la asistencia financiera será destinada a “mejorar la eficiencia del gasto, a cubrir subsidios energéticos y a protección social”; mientras que los créditos para el sector privado irán direccionados a 20 proyectos relacionados a agronegocios, infraestructura, energía y minería, entre los que se encuentran tres iniciativas vinculadas al litio.