En un nuevo ajuste de la ayuda social, el Gobierno modificó ayer la distribución de los fondos que se recaudan a través del Impuesto País y determinó un recorte casi total en la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), que administran los movimientos sociales.
Mediante el decreto 193/2024, el Gobierno redujo de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto País destinado al Fisu, dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios. La Ley 27.541 que creó el Impuesto País estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el Pami, mientras el 30% restante iba a obras, turismo y vivienda. De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al Fisu, 65% a obras de infraestructura y 5% al fomento del turismo nacional.
El decreto de ayer reduce el 30% del Fisu al 1%, a la vez que incrementa a 94% el monto destinado a “obras de infraestructura”. En términos absolutos: sobre el 100% de la recaudación del impuesto, el Fisu pasó de recibir el 9% total del impuesto al 0,3%. “Esto va en línea con la convicción del Gobierno de transparentar al Estado cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables”, argumentó el portavoz oficial, Manuel Adorni.
Entre otras obras, con ese fondo se financiaba el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad de los barrios populares, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes. Según datos oficiales, la Secretaría de Integración Socio Urbana había realizado con el fondo 1.276 obras de integración que alcanzaron 5.060 barrios populares y 117 obras de acceso al suelo para sectores populares.
El Fisu es administrado por los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (Utep), cuyos máximos referentes son Juan Grabois y Emilio Pérsico, que fueron blanco reciente de acusaciones periodísticas por el manejo de estos fondos. Pero propio secretario de Integración Socio Urbana designado por el gobierno de Javier Milei, Sebastián Pareja, aseguró que no se hallaron pruebas que justifiquen las acusaciones.
“En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas. Es más, si ésta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%”, explicó el funcionario.
Por su parte, los curas villeros criticaron la decisión y alertaron que “no es bueno desenchufar al Estado de las villas y asentamientos” porque es “es un golpe muy duro que beneficia a más de 5.000.000 de vecinos, la mayoría menores”. “Bajar el presupuesto del Fisu sería volver para atrás: no podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social”, dado que se trata de “prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”, sostuvo el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares.
Reclamos de la Fundación Techo
El director ejecutivo de la Fundación Techo, Juan Maquieyra, pidió ayer la continuidad del financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) y remarcó que se trata de una política de Estado que atravesó gobiernos nacionales de distinto signo político.
“El Fisu viene de una política de Estado que lleva ya varios años en Argentina. En Techo empezamos relevando barrios populares en 2009”, explicó Maquieyra, quien consideró que “si se sostiene la situación, baja muchísimo la cantidad de financiamiento orientado a estas obras para más de 6.000 barrios populares en Argentina que necesitan acceso a cloaca, electricidad y otras obras de infraestructura”.
“No puede pasar que de un día para otro nos levantemos y una política queda desfinanciada”, se quejó Maquieyra, quien consideró que “ojalá prime la mirada de continuar con las obras y de transparentar lo que haya que transparentar. No hay posibilidad de meritocracia si no hay como llegar a la escuela o donde trabajar”.