Durante las últimas semanas el precio del trigo en el mercado internacional ha alcanzado máximos históricos, lo que acrecienta la preocupación por su impacto sobre la inflación de alimentos y el surgimiento de recomendaciones de políticas económicas vinculadas a la necesidad de desacoplar los precios domésticos de los internacionales, como reclaman incluso desde sectores internos del gobierno nacional.
Sin embargo, un informe de la Bolsa de Cereales reveló que en los últimos cinco años el incremento del precio del pan en el país se debió en un 79% a causas locales antes que a factores externos y, en ese marco, recomienda subsidiar a los sectores socialmente más vulnerables antes que tratar de subir retenciones o fijar ayudas a la industria molinera para que baje el precio de la harina.
El informe describe que desde 2017 en adelante, “sólo el 9,8% de las variaciones en el precio del pan provienen de variaciones en los precios internacionales, y el 11% de variaciones en el tipo de cambio”. “El resto de las variaciones en el precio del bien final provienen de otros factores locales” por lo que concluye que “una política de intervención sobre el precio del producto primario, en este caso el trigo, tiene un impacto poco significativo sobre los precios al consumidor y la demanda, mientras sí impacta de manera negativa sobre el productor y la oferta”.
A su vez, en relación al efecto que causó la invasión de Rusia sobre Ucrania en las cotizaciones internacionales, el trabajo destaca que el precio internacional del trigo “alcanzó máximos históricos durante el mes de marzo”, pero el impacto en los precios locales fue marginal en relación con los aumentos efectivamente concretados. Al respecto, los economistas que elaboraron el informe plantearon que “como consecuencia de este aumento excepcional de los precios internacionales, los precios de los productos sólo deberían haber aumentado: 8,45 pesos por kilo en el pan; 9,7 pesos por kilo, la harina y 7,05 pesos por kilo el fideo, considerando tanto los aumentos internacionales de precios del trigo como, las variaciones del tipo de cambio en dicho período”.
Sin embargo, los incrementos “estuvieron muy por encima” de esos montos, lo que indica que “las variaciones de precios de estos productos están afectadas mayoritariamente por otros factores ya que, incluso, en períodos donde los precios internacionales registran un aumento significativo, los precios locales se incrementan más que proporcionalmente, llegando a más que cuadruplicar el aumento en el caso del pan y a más que duplicar en el caso de los fideos”.
Por esta razón, el texto que difundió la Bolsa de Cereales propone en vez de actuar sobre la oferta hacerlo sobre la demanda, focalizando la atención en los sectores más vulnerables. En consecuencia, precisa que “asumiendo que se subsidia a toda la población bajo la línea de pobreza (17,3 millones de personas), el monto total del subsidio se encontraría entre 58,7 y 183,8 millones de dólares”, un monto “mucho menor a la recaudación adicional por derechos de exportación dada por el propio aumento de los precios internacionales”.
Al liberar los “cepos” al comercio exterior, sostuvieron, “debido al aumento de los precios de los productos de exportación desde que inició la invasión a Ucrania, Argentina recaudaría US$ 1.400 millones adicionales, de los cuales 153 millones provendrían de las exportaciones de trigo”.
La SRA pide eliminar las retenciones
La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a criticar las retenciones a la producción agropecuaria y reclamó al Gobierno que no solo baje las alícuotas de ese gravamen, sino que directamente las elimine.
En un comunicado, la entidad empresaria comentó que en las últimas semanas funcionarios del Gobierno “se la pasaron advirtiendo que no van a subir las retenciones, un impuesto distorsivo que perjudica directamente al productor agropecuario, transfiriendo (al Estado Nacional) unos US$ 10.000 millones por año”.
En ese sentido, puntualizó que los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Agricultura, Julián Domínguez, los “quieren tranquilizar diciendo que no van a cobrar más de lo que hoy se está tributando”. “¿A qué juegan? este impuesto no tiene sustento legal y, menos aún, pueden modificarse las alícuotas. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga de las facultades delegadas, así lo determinó”, señaló la SRA.