El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno Nacional confirma que los jubilados continuarán recibiendo aumentos mensuales por inflación, tal como lo establece el decreto presidencial vigente, pero no habrá incrementos adicionales ni actualización del bono de $70 mil que cobran los beneficiarios de la jubilación mínima.
Según el texto oficial, el Ejecutivo destinará 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones para unos seis millones de beneficiarios, de los cuales la mitad percibe el haber mínimo. El bono adicional, que permanece congelado desde marzo de 2024, seguirá vigente en el mismo monto durante todo el próximo año.
El proyecto, que el oficialismo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, también contempla 5,3 billones para pensiones no contributivas y 3,6 billones para prestaciones del PAMI.
Aunque el presidente Javier Milei anunció que las partidas previsionales de la ANSES tendrán un incremento del 5%, ese ajuste no se traducirá en una mejora directa de los haberes, ya que la fórmula de movilidad seguirá atada únicamente al índice de inflación.
El texto prevé además que los aportes y contribuciones de la Seguridad Social representen el 4,4% del PBI, con un crecimiento del 3,3% respecto de 2025. La ANSES recibirá también el 28,61% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque, que según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) equivale al 1,6% del PBI y constituye “el tributo con afectación específica de mayor peso” dentro de los ingresos del organismo.
De acuerdo con el análisis de la OPC, el gasto previsional, que incluye jubilaciones y pensiones contributivas y semicontributivas, alcanzará el 5,3% del PBI, una cifra apenas superior a los niveles registrados en los años previos. En cambio, el impacto del bono para completar el haber mínimo disminuirá del 0,4 al 0,3% del PBI, reflejando la decisión oficial de mantenerlo sin cambios nominales.
El debate parlamentario que se avecina promete tensiones, ya que la oposición y los sectores previsionales reclaman una recomposición real del poder adquisitivo de los jubilados, en un contexto de inflación persistente y pérdida del valor de compra de los haberes.
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