El Presupuesto 2027 expuso fallas de coordinación dentro del Gobierno

La presentación del Presupuesto 2027 volvió a dejar en evidencia problemas de coordinación dentro del Gobierno de Javier Milei. El proyecto enviado al Congreso durante la noche del martes incluyó un fuerte ajuste en el área de discapacidad que, según trascendió, no había sido discutido previamente por varios integrantes de la mesa política oficialista.

La situación generó cuestionamientos sobre el funcionamiento de ese espacio, que formalmente tiene entre sus objetivos ordenar la estrategia legislativa, definir prioridades y coordinar los tiempos de tratamiento de las distintas iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso.

La primera dirigente en expresar públicamente su malestar fue la senadora Patricia Bullrich, quien reclamó que los temas sensibles sean discutidos antes de que lleguen al Parlamento.

“Quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas, al advertir que la falta de debate interno puede instalar una imagen negativa de la administración.

El desconocimiento, sin embargo, no se habría limitado a la senadora. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco habría conocido en detalle el contenido del proyecto ni la incorporación del recorte relacionado con discapacidad.

Según Noticias Argentinas, durante la reunión de la mesa política del martes Menem incluso había comentado algunos aspectos del proyecto “superador” que el oficialismo prepara para responder a los reclamos de la oposición y de sectores aliados.

Una discusión general

El Presupuesto 2027 había formado parte del temario de aquella reunión, aunque el tratamiento habría sido solamente general. De acuerdo con uno de los integrantes del espacio, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos, pero no se profundizó en los distintos capítulos del extenso proyecto.

La inclusión de los recortes provocó posteriormente preocupación entre algunos aliados legislativos, que interpretaron que el Gobierno podía volver a avanzar sobre prestaciones vinculadas con discapacidad.

A partir de allí comenzaron los cuestionamientos internos y el reparto de responsabilidades. Una de las explicaciones apunta al propio funcionamiento de la mesa política: si ninguno de sus integrantes detectó los puntos más sensibles del proyecto antes de su presentación, se trataría de una falla colectiva.

“Es un problema en términos de equipo. Si ninguno de los ocho de la mesa se dio cuenta es un problema. Es responsabilidad de todos”, planteó una fuente del oficialismo.

Las responsabilidades apuntan a Caputo

Dentro del Gobierno también aparecen señalamientos hacia Luis Caputo y hacia el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien distintos sectores de la administración vinculan con la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Las críticas hacia el ministro de Economía se relacionan con que conocía los detalles del proyecto y, según esas versiones, no habría profundizado con los referentes legislativos sobre la estrategia que debían adoptar frente a los cuestionamientos.

En el caso de Santiago Caputo, las interpretaciones internas apuntan a una intención de mostrar ante Milei una posición más rígida de la administración.

El episodio se produce en un contexto en el que, según fuentes citadas por NA, el Presidente mantiene una postura firme respecto de la continuidad de su programa económico y rechaza sugerencias orientadas a modificar su rumbo.

Un antecedente con la reforma laboral

La situación también recordó dentro del oficialismo un episodio ocurrido durante el tratamiento de la reforma laboral. En aquella oportunidad, la versión enviada al Congreso incorporó las licencias por enfermedad, contempladas en el artículo 44 del proyecto, pese a que tampoco habrían formado parte de una discusión previa suficientemente amplia dentro de la mesa política.

Desde sectores del propio Gobierno reconocieron preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones, especialmente frente a una agenda legislativa que requerirá acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

Las críticas al resultado fiscal

A los cuestionamientos políticos se sumaron observaciones sobre las metas económicas del Presupuesto 2027.

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein consideró que las proyecciones macroeconómicas del proyecto son más realistas que las correspondientes al año en curso en materia de inflación, crecimiento y tipo de cambio. No obstante, advirtió que los objetivos dependen de un escenario favorable y sin turbulencias cambiarias.

Rubinstein también señaló un supuesto optimismo en las previsiones de recaudación, relacionado con una eventual mejora de la actividad económica y una reducción de la informalidad.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la evolución del resultado fiscal. Según explicó, la meta de superávit fiscal primario proyectada pasa del 1,6% al 1,3% del PBI, una reducción que consideró problemática.

El exfuncionario sostuvo que el cumplimiento de ese objetivo dependerá de la capacidad del Gobierno para incrementar la recaudación y continuar reduciendo el gasto, en un contexto en el que algunos impuestos fueron disminuidos y la actividad económica presenta dificultades, particularmente en sectores con mayor generación de empleo.

También cuestionó los recortes previstos en discapacidad y los vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario.

Rubinstein planteó que la Argentina debería avanzar hacia un resultado fiscal cada vez más superavitario debido al peso creciente de los intereses de la deuda. Al mismo tiempo, aclaró que las proyecciones podrían modificarse si se produjera una turbulencia cambiaria.

De esta manera, el Presupuesto 2027 quedó atravesado por dos discusiones simultáneas: por un lado, las metas económicas y fiscales planteadas por el Ejecutivo; por otro, la capacidad de la mesa política para coordinar la estrategia legislativa y anticipar los conflictos que puede generar el tratamiento de un proyecto que contiene medidas sensibles.