La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó este viernes la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Hasta ahora, la magistrada había difundido dos fallos que en el derecho estadounidense se llaman de “opinión y orden”, pero faltaba la sentencia final con el monto definitivo con el que el Estado argentino deberá indemnizar a los fondos Burford y Eton Park. Finalmente, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US $16.100 millones.
Para que la Argentina pueda apelar, la sentencia debía ser la final. “En el historial de fallos de Preska, la jueza da una opinión y una orden y pide que los demandados y los demandantes se junten a escribir la sentencia final. Durante esta semana vimos que los fondos y el Estado argentino no se pusieron de acuerdo y cada uno mandó su interpretación de lo que debería ser la sentencia. Por lo tanto, se esperaba que Preska tomara esas dos interpretaciones y publicara la sentencia”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, a La Nación.
El Estado argentino pagará US$ 14.385 millones al fondo Burford Capital y US$ 1714 millones a Eton Capital. Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.
El Estado argentino ya dijo que apelará el fallo, al igual que harán los fondos sobre el fallo que eximió de responsabilidades a YPF. Una vez hecha la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se tomará entre nueve y 12 meses para decidir si acepta el juicio.
Los fondos sostuvieron que, en 2012, el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15.100.000 de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.