Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló un marcado deterioro en el acceso a la cobertura médica en Argentina durante los últimos dos años, en un contexto atravesado por el fuerte aumento de las prepagas y la caída del empleo formal.
Según el reporte, desde la asunción del presidente Javier Milei, las cuotas de la medicina prepaga acumularon un incremento del 417%, superando ampliamente la inflación del período, que se ubicó en torno al 293%. Este desfasaje impactó directamente en la capacidad de pago de los usuarios y derivó en una reducción del acceso a servicios privados de salud.
En ese escenario, unas 742.000 personas dejaron de contar con cobertura médica, ya sea obra social, prepaga o mutual, y pasaron a depender exclusivamente del sistema sanitario público. De esta manera, la cantidad de argentinos en esa situación creció de 9.551.000 a 10.293.000 en los últimos dos años.
El informe también expone una caída en el porcentaje de la población con algún tipo de cobertura. Mientras que en el segundo trimestre de 2023 el 67,5% de los argentinos contaba con servicios de salud, ese número descendió al 65,4% en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una baja de 2,1 puntos porcentuales.
Desde el IAG vincularon este fenómeno con el deterioro del mercado laboral. En ese sentido, señalaron que desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 206 mil empleos registrados, lo que impacta directamente en la cobertura a través de obras sociales.
“El aumento sostenido de las prepagas, muy por encima de la inflación, combinado con la caída del empleo formal, explica por qué cada vez más personas quedan fuera del sistema privado”, sostiene el documento.
A su vez, el crecimiento de la demanda sobre el sistema público se produce en paralelo a dificultades en su financiamiento. En este marco, hospitales universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron sobre la necesidad de garantizar recursos para sostener la atención, y reclamaron la plena aplicación de la ley de financiamiento.
El informe concluye que, pese al objetivo oficial de reducir la intervención estatal y fortalecer el sector privado, el resultado observado es un incremento en la cantidad de personas que dependen exclusivamente de la salud pública, profundizando la presión sobre un sistema ya exigido.
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