La compañía Wenance, que ofrecía préstamos online, pidió la convocatoria de acreedores luego de casi dos meses de tensión, acusada de incumplimiento y estafa por 3.000 inversores que depositaron sus ahorros en fideicomisos privados por más de 35.000 millones de pesos.
En los últimos meses la compañía había despedido a unas 200 personas y perjudicó además sus negocios en España y Uruguay.
Desde la fintech que comanda Alejandro Muszak habían hecho una propuesta a sus inversores, pero ahora quedó sin efecto.
«Es la forma jurídica que encontramos para avanzar», aseguran desde la compañía y señalan que de esa forma podrán «seguir funcionando».
Sin embargo, lejos de solucionarse, su situación parece empeorar: una vez establecido el real pasivo de la empresa, a través de un proceso de negociación se le efectuarán propuestas de pago a los acreedores para que estos puedan dar su conformidad o no con las mismas», dijeron en la Fintech.
El ahora cuestionado modelo de negocios de Wenance se estructuraba de la siguiente manera: le prestaba dinero a la base de usuarios de menores recursos con intereses altos.
Por otro lado, tomaban fondos de inversores grandes y ahorristas -que reunía en fideicomisos privados y sin control de los entes reguladores- y les prometía retornos muy por sobre el promedio del mercado.
El conflicto tomó relevancia la semana pasada, cuando la División Antifraudes de la Policía Federal allanó a Muszak en su domicilio de la Avenida del Libertador, en Palermo, por órdenes del Juzgado de Instrucción número 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, por una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa.
La PFA ingresó también en Promotora Fiduciaria (PF), en la avenida Maipú al 1300, una firma vinculada a la empresa, donde secuestraron los libros contables.
El empresario Martín Santiago Albacens, presidente de PF, se encuentra bajo investigación.
Según se supo, existe un mail que Albacens habría enviado el lunes por la tarde a todos los clientes de Wenance en el que aseguraba que Muszak y su entramado comercial «se la quedaron toda».
Además de la denuncia en Tierra del Fuego, Muszak y algunos de sus socios fueron citados en otra causa.
El juez Alberto Baños los indagará en los próximos días luego de que la fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro los imputara por supuestas estafas reiteradas y otros delitos.
Como consecuencia de los allanamientos, se produjeron los despidos. En los telegramas que la compañía envió en estos días, la empresa reconoció la crisis, pero le echó la culpa de la situación al Gobierno.
«Notificamos que prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha, atento a la grave situación económica que transita la empresa, la que impide la continuidad del vínculo. En consecuencia, su indemnización será abonada a la espera de algún ingreso de dinero que lo permita», señalaron los telegramas.
A su vez, argumentan que la situación de la compañía «obedece a la grave crisis económica que atraviesa el país que llevó a esta Empresa a resultar imposible el recupero del dinero prestado».
La empresa finalmente no reestructurará la deuda como prometió cuando comenzaron las denuncias, sino que deberá seguir el procedimiento que dispone la convocatoria de acreedores.