La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) emitió un informe que revela el fuerte ajuste que ejecutó el gobierno de Alberto Fernández para cumplir con el acuerdo por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se tradujo en un fuerte recorte de gastos de capital en todas las áreas de la gestión, al punto que la inversión pública ejecutada cayó un 38,3% durante 2022.
Al analizar el sobrecumplimiento de la meta fiscal con el FMI, la OPC había advertido que los gastos de capital fueron determinantes para explicar la retracción del gasto real de la administración pública nacional en 7,4% en el año (y de 19,5% en el último semestre). Ahora, el organismo reveló que las menores transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y provincias derivaron en una caída de la inversión ejecutada por el Estado del 38,3% en términos reales en 2022.
La Inversión Pública ejecutada por la administración nacional (APN) durante 2022 ascendió a 1.178.200 millones de pesos (1,178 billones), distribuidos en gastos de transferencia de capital por 790.657 millones e inversión real directa (lo que se conoce como obra pública) por 387.542 millones. Los gastos en transporte, vivienda y urbanismo y agua potable se llevan el grueso de estos fondos.
Las transferencias de capital buscan financiar proyectos y adquirir equipos para instituciones de la APN y en 2022 retrocedieron principalmente por los menores giros a fondos fiduciarios, que cayeron un 55,8% en términos reales, impulsados mayormente por los recortes en el programa Procrear (se invirtieron 254.372 millones de pesos vía fondos fiduciarios).
En segundo lugar, las transferencias destinadas a empresas públicas disminuyeron un 49,6% y alcanzaron los 227.862 millones de pesos. El ajuste se dio principalmente en AySA. Mientras que las transferencias efectuadas a provincias y municipios cayeron un 33,4% real y totalizaron 246.512 millones de pesos. Aquí hay una particularidad, ya que los giros a la provincia de Buenos Aires mermaron un 43,2% y explicaron el grueso de la tendencia, pero también acusaron fuertes reducciones las provincias de Chubut, Córdoba y Salta.
En fondos fiduciarios, el Procrear vio recortado el gasto en 244.918 millones de pesos, y el total de los fiduciarios (que incluyen obras hídricas y de vivienda social) en 321.248 millones. Entre las empresas públicas, el presupuesto de AySA cayó en 118.032 millones de pesos, el de Enarsa 55.000 millones e infraestructura en trenes argentinos 14.000 millones, entre los más importantes.
Por otro lado, la inversión real directa retrocedió 9,9% en términos reales durante 2022. Se vio afectado su principal concepto que son los proyectos para construcción y mantenimiento de autopistas, autovías y rutas: lo que habitualmente se conoce como obra pública. Se realizaron 710 obras con estos destinos durante el ejercicio pasado. Así las cosas, en 2022 la inversión pública representó el 1,4% del PBI, bastante menos al 2,4% de 2021, año en el que las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas realizadas durante el último bimestre registraron un máximo para el período. Aún así, la inversión pública se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 que rondaba en el 1,2% del PBI.
Nuevo pago de US$ 1400 millones al FMI
Durante esta semana, el Gobierno desembolsará US$ 1.400 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en dos pagos.
En diciembre pasado, luego de aprobar la tercera revisión, Argentina ya había entregado US$ 6000 millones. En el día de ayer, se efectivizó el primer pago por unos 512 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo, equivalente a unos US$ 693 millones. El segundo pago, de 511 millones de DEG, igual a US$ 691 millones, se concretará mañana.
Según la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) las reservas del Banco Central (BCRA) se encuentran “presionadas”, luego de calcular las pérdidas por la sequía (unos US$ 2.300 millones), las ventas realizadas para mantener el tipo de cambio (US$ 200 millones), la recompra de deuda de Sergio Massa (US$ 330 millones) y las últimas transferencias al FMI, que terminarán impactando en las reservas netas, que se ubicarían en los US$ 5600 millones.