La industria pesquera argentina expresó su rechazo a la posibilidad de modificar el sistema de administración de los recursos marítimos mediante la apertura de licitaciones, una propuesta impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Eduardo Boiero, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, cuestionó la iniciativa y defendió el esquema actual de permisos y cuotas. Según explicó, el mecanismo no representa un sistema de privilegios, sino una herramienta para regular la explotación de recursos naturales limitados y garantizar la sustentabilidad de la actividad.
Durante una entrevista, el dirigente también rechazó la comparación realizada por el funcionario entre la industria pesquera y la actividad naviera. Sostuvo que se trata de sectores con características diferentes y recordó que propuestas similares ya habían sido debatidas durante el tratamiento de la Ley Federal de Pesca, aunque finalmente no consiguieron respaldo por sus posibles consecuencias sobre las empresas, el empleo y los recursos.
Cómo funciona el sistema de permisos y cuotas
Uno de los principales argumentos de Boiero apunta a diferenciar los permisos de pesca de las cuotas de captura. Mientras los primeros habilitan a las empresas a operar en el caladero, las segundas establecen el volumen de especies que pueden extraer.
En ese sentido, advirtió que abrir licitaciones a empresas extranjeras podría generar condiciones de competencia desiguales, debido a que nuevos operadores podrían participar sin contar con las mismas estructuras laborales, embarcaciones, plantas industriales y obligaciones que tienen las compañías radicadas en el país.
El titular de la cámara remarcó que actualmente no se otorgan nuevas licencias porque las especies ya se encuentran en su máximo nivel de explotación. Por ese motivo, quienes buscan ingresar al negocio deben adquirir una empresa o embarcación que ya disponga de los permisos correspondientes.
Las cuotas tienen una vigencia de 15 años y, en determinados casos vinculados con la pesca del calamar, pueden extenderse hasta 30 años cuando la compañía cuenta con una planta de procesamiento en tierra.
El sistema vigente se consolidó a partir de la Ley Federal de Pesca, que estableció el dominio de las provincias sobre los recursos hasta las 12 millas marítimas y creó el Consejo Federal Pesquero, integrado por representantes de las jurisdicciones costeras y del Estado nacional.
Además, la normativa reemplazó el denominado régimen olímpico, en el que las empresas competían por capturar la mayor cantidad posible de recursos hasta alcanzar el límite permitido. En su lugar, se estableció un sistema de cuotas individuales para evitar la sobreexplotación y prevenir crisis como la que afectó a la merluza durante la década de 1990.
Actualmente, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) determina cada año los límites máximos de captura para las distintas especies. A partir de esos parámetros se distribuyen los volúmenes correspondientes a cada titular de cuotas.
Boiero sostuvo que, en términos generales, la actividad no extrae más recursos de los que los ecosistemas pueden renovar, aunque reconoció que todavía existen problemas pendientes relacionados con el descarte y la captura incidental.
Exportaciones millonarias y dificultades por los costos
En materia comercial, el dirigente destacó que durante los primeros nueve meses del año las exportaciones pesqueras argentinas se acercaron a los 2.000 millones de dólares y que los productos nacionales llegan a más de 180 mercados internacionales.
Entre los principales destinos del langostino argentino se encuentran España e Italia, dentro del mercado europeo. Sin embargo, el sector enfrenta una competencia creciente del langostino de cultivo producido a gran escala en países asiáticos y Ecuador, que cuenta con disponibilidad durante todo el año y precios aproximadamente un dólar inferiores.
Frente a ese escenario, las empresas argentinas buscan diferenciar su producción por tratarse de un producto salvaje y natural, además de fortalecer su presencia en mercados donde ya tienen posicionamiento.
Pese al volumen de las ventas externas, Boiero advirtió que la rentabilidad de las compañías se encuentra bajo presión por el incremento de los costos operativos. Según detalló, el combustible acumuló una suba superior al 70% durante el año, mientras que la energía utilizada en las plantas industriales aumentó entre un 80% y un 90%.
A esos incrementos se suman las retenciones, el derecho único de extracción y otros cargos que reducen los ingresos finales de las exportaciones.
La situación también generó dificultades en las negociaciones salariales con los gremios, especialmente después de la caída del precio internacional del langostino. Finalmente, empresas y sindicatos alcanzaron un acuerdo que permitió renovar los convenios y garantizar el inicio de la temporada pesquera en las fechas previstas.
Por último, Boiero valoró que la reforma laboral volviera a incorporar a la actividad dentro de la ley de navegación, al considerar que contempla las particularidades de un sector organizado en campañas de dos o tres meses y con remuneraciones vinculadas a los niveles de producción.
Cerró una histórica fábrica de Durlock en la Patagonia y despidió a 12 empleados
