“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, aseveró Silvina Batakis en su primera conferencia de prensa al frente de la cartera de Hacienda, en una serie de definiciones que fueron acompañadas de las primeras medidas dictadas en su gestión, destinadas a lograr el ansiado equilibrio fiscal.
Los cambios apuntan a limitar el gasto, congelar el ingreso de personal al Estado y centralizar recursos que hoy están distribuidos en organismos descentralizados, como empresas públicas, obras sociales estatales o fondos fiduciarios.
De esa forma, el Ejecutivo busca obtener unos 600.000 millones de pesos (0,8% del PBI) a partir del excedente que registran varios organismos –algo que Martín Guzmán había intentado en el frustrado Presupuesto 2022–.
Entre las principales medidas con impacto fiscal anunciadas, en efecto, se encuentra la modificación de la ley de Administración Financiera para que todos los organismos del sector público realicen sus erogaciones de forma eficiente a través de un sistema de Cuentas Únicas, como ocurre en las provincias. “Esto nos va a dar (un ahorro de) 600.000 millones de pesos”, aseguró la ministra.
A la vez, planteó que el congelamiento del personal, hoy vigente a nivel de la administración central, se extenderá a todos los organismos públicos, que no podrán tomar nuevos empleados. También anunció que se migrará hacia el Ministerio de Economía el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país, algo que fue interpretado por la oposición como el inicio de un “revalúo fiscal”.
Respecto a las obligaciones adquiridas por el país, anunció la creación de un Comité Asesor de la Deuda Soberana en Pesos, a la vez que informó que prevé avanzar en un esquema de tasas de interés positivas -es decir por encima de la inflación-.
Sobre los precios, ratificó la continuidad del diálogo con los principales actores del mercado para bajar la inflación, a la vez que anunció que avanzará en la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el marco de la ley que evita “las concentraciones económicas e investiga conductas anticompetitivas”.
Por fin, respecto a los servicios públicos, la ministra aseguró que respetará el esquema de segmentación tarifaria para los usuarios de gas y electricidad previsto en el decreto 332, promovido por Guzmán, que reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.
Ese segmento incluye a todos los que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (350.000 pesos, según los últimos datos de Indec), y ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años. También aplicará para titulares de tres o más inmuebles; propietarios de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y dueños de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena, según el DNU.
La ministra informó además que el “viernes próximo ya estará abierta la segmentación para distintos tipos de población”, en un link donde los usuarios se podrán inscribir para reclamar que se les mantenga el otorgamiento del subsidio a la energía.