La cadena nacional del presidente Javier Milei, donde celebró el superávit financiero alcanzado en el primer trimestre y negó que se deba “a la licuación del gasto público” o el ajuste de salarios y jubilaciones, no tardó en ser desmentido por los especialistas, que ayer salieron a demostrar que la mayor carga del recorte recayó en las espaldas de la clase pasiva y del gasto social.
El ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central durante Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, refutó los números presidenciales en la red social X: “La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin”, tuiteó el economista, parafraseando al vocero Manuel Adorni.
Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, también alertó sobre los números que ofreció el Presidente. “Respecto de la baja del gasto, la evolución de sus componentes vs. el PIB indica que de los 0,6 puntos porcentuales (pp) de reducción del gasto primario: 0,22 pp los aportan las jubilaciones (1/3). Otro tanto el gasto de capital (1/3), 0,1 pp subsidios económicos (15%) y otro tanto las transferencias a provincias (15%)”, afirmó. Es decir que el recorte de las jubilaciones representa más del 30%.
Números parecidos presentó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que reveló que “en el recorte de $ 8,3 billones de gasto del primer trimestre, las jubilaciones y pensiones soportaron el 35%, la inversión real directa el 15%, las transferencias a las provincias el 13%, los subsidios a la energía el 9% y la masa salarial (del Estado) el 7%”.
El economista Salvador Vitelli calculó que en marzo las jubilaciones y pensiones cayeron 30,9% real interanual, por lo que “pusieron un 37% de la contracción del gasto real”. A su vez, Nadin Argañaraz, clarificó las afirmaciones de Milei de que “el restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades”. “Más que recorte fue postergación (de pagos), como sucede, por ejemplo, con los pagos de energía eléctrica o el freno a partidas para educación o salud”, explicó Argañaraz.
El especialista Ismael Bermúdez ofreció más precisiones en Clarín, donde explicó que el primer trimestre “finalizó con una fuerte poda de los gastos de la Administración Pública Nacional, que acumularon una caída de 30,7% en términos reales”. En este sentido, alertó que los gastos primarios registraron una baja aún más pronunciada, del 35,7% interanual, mientras que “los intereses de la deuda mostraron un incremento del 7,3% real”, según los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
A la vez, confirmó que los más golpeados por el ajuste del gasto fueron “los desembolsos previsionales y sociales”. “Como consecuencia del desacople entre la fórmula de movilidad y la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos (…), el gasto ejecutado por Anses sumó $ 4.719.229 millones, una baja del 33% real”, precisó Bermúdez, que no obstante indicó que en la compra de alimentos para comedores o en algunos planes sociales “hubo bajas del 50% en términos reales”.
Por ejemplo, en el plan Potenciar Trabajo se ejecutaron $ 338.035 millones, una caída del 49,9% real por la pérdida de poder de compra y las bajas en los beneficiarios. “Becas Progresar: $ 81.805 millones (-45,7% real). Atención Médica a los beneficiarios de Pensiones no contributivas: $ 62.491 millones (-48,6% real). Programa Acompañar: $ 12.457 millones (-79,4% real)”, enumeró el especialista, quien advirtió que en la compra de alimentos para comedores dentro del programa de Políticas Alimentarias “se gastó $ 17.340 millones (-53,6% real)”.
Advierten por el impacto de la recesión
La directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, advirtió sobre el “atraso en el tipo de cambio” y el impacto que el ajuste oficial está teniendo sobre la recaudación. Al hablar en un evento organizado por Adcap y DLA Piper, Dal Poggetto advirtió que cada mes que pasa los recursos del Estado caen con más fuerza, mientras que al mismo tiempo cuesta cada vez más bajar el gasto por la nueva indexación de la fórmula previsional.
“La consolidación fiscal, que es condición necesaria para que el programa funcione, empieza a hacer ruido frente a la recesión, que además tiene impacto en términos de gobernabilidad”, señaló la especialista, que advirtió que falta un programa que apunte a la microeconomía, al señalar que “la Ley de Bases no es un programa micro”.
“Si no se abre la economía, los precios de los bienes no van a caer. Y si se abre la economía con la productividad sistémica actual, el desempleo se va a las nubes. Se necesita una reforma micro que haga consistente el equilibrio fiscal en el tiempo y que no solamente esté basado en la mera licuación del gasto con la aceleración de la inflación”, completó.