El bloque de legisladores Juntos UCR presentó un proyecto de ley que propone una reducción a partir del 1º de octubre del corriente año y hasta el 31 de diciembre de 2023 del 30% en el impuesto Inmobiliario Urbano edificado para los grupos 1 y 2, según la tipología adoptada en el presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo.
Al respecto, el legislador radical, Dante Rossi, recalcó que la administración provincial presenta en lo que va del año un considerable aumento en la recaudación, como así también de las transferencias de la Nación.
“Entendemos que el gobierno de Córdoba tiene que tener empatía con lo que le sucede a la gente. Generar un alivio fiscal en los contribuyentes frente a un panorama alentador desde el punto de vista de los ingresos económicos. Si a la Provincia le va bien necesitamos que le vaya bien también a los cordobeses”, señaló.
De acuerdo a los datos de la Cuenta de Inversión, durante el 2021 la Provincia tuvo un resultado fiscal favorable de $ 67.596.000 (ingresos corrientes $ 648.450 millones contra $ 532.827 millones de egresos). Para el presente año, el presupuesto indica que se calcula una recaudación referida a los recursos patrimoniales (Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones) de $ 34.645.000, de un total de ingresos tributarios provinciales de un poco más de 267.000 millones de pesos.
El mencionado proyecto busca una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano edificado para los grupos 1 (propiedades valuadas hasta $ 1.950.000 –valor de mercado aproximado de hasta U$S 60.000) y 2 (inmuebles valuados en más de $ 1.950.000 y hasta 6.250.000 (valor de mercado entre US$ 60.000 y U$S 200.000). El primer grupo citado representa el 40,5% de los inmuebles urbanos edificados, mientras que el segundo el 40%.
Quedan fuera de los alcances de la reducción propuesta los inmuebles tipificados en el grupo 0 (161.000, que representan el 13% del total, y que se encuentran exentos del pago del tributo), los del grupo 3 (inmuebles de más de $ 6.250.000 (valor de mercado de más de U$S 200.000, que son el 6,5 % del total) y los inmuebles baldío. De los casi 28.000 millones de pesos que se espera recaudar por la imposición de los grupos 1 y 2, la reducción del 30% implica un costo fiscal de un poco más de 8.366 millones de pesos.
Sobre el particular, Rossi expresó que “en un momento de severa crisis como la que atravesamos los argentinos, el gobierno de Córdoba debe ser empático con las necesidades de la gente, y auxiliar con una rebaja impositiva a los sectores de clase media y media baja, que muchas veces son los menos favorecidos por los auxilios estatales”.
“Frente a una administración que está enamorada del cemento, y que en parte la realizó con la toma irresponsable de deuda atada en un 95,5 % a moneda extranjera, entendemos desde este bloque que se hace necesario cambiar el orden de prioridades. Obras sí, pero también una mejor calidad de vida en lo que hace a servicios esenciales para los cordobeses”, agregó el parlamentario de Juntos UCR.