El Gobierno logró un superávit fiscal de $244.897 millones en julio

El resultado se alcanzó pese al pago de $2,7 billones en intereses de deuda.

Superávit

El sector público mantuvo saldo positivo en las cuentas de julio.

El Ministerio de Economía informó este martes que el Sector Público Nacional registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones, luego de alcanzar un resultado primario de $2.960.333 millones y afrontar pagos de intereses de deuda por $2.715.436 millones.

El resultado se produjo después del déficit financiero registrado en junio y en un mes con una alta concentración de vencimientos de deuda, principalmente por el pago de cupones de los bonos Globales y Bonares.

El resultado fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el superávit se obtuvo pese al elevado pago de intereses y señaló que durante julio el gasto primario cayó 7% interanual en términos reales. En tanto, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo aumentaron 3,8%.

En los primeros siete meses del año, el sector público acumuló un superávit primario equivalente a 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) y un resultado financiero positivo de aproximadamente 0,1%.

Según el funcionario, el resultado se alcanzó en el marco de una reducción acumulada de impuestos cercana a 3% del PBI desde el inicio de la gestión.

Ingresos y gastos

Durante julio, los ingresos totales alcanzaron $17.092.374 millones, con un aumento interanual de 30,4%. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron 29,6%.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $14.132.041 millones. Las prestaciones sociales representaron $8.687.144 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $2.178.520 millones y las transferencias corrientes, $4.766.318 millones.

El informe oficial también destacó un incremento de 44,9% en las partidas destinadas a universidades y un gasto de capital de $280.951 millones para obras hídricas, eléctricas y de transporte.

El resultado fiscal se conoció además en medio del debate por la retención de fondos fiduciarios que no fueron destinados a sus fines específicos, un mecanismo cuestionado por la oposición mientras el Gobierno sostiene su estrategia de consolidación fiscal.

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