A las 20:39 del jueves 6 de noviembre de 2014, el estruendo se escuchó en toda Córdoba. En el corazón del barrio Alta Córdoba, un incendio en un depósito de la empresa Raponi Industrial Química SRL, ubicada en Nicolás Avellaneda 2971, se convirtió en una explosión devastadora que arrasó con todo a su paso.
El siniestro dejó un saldo trágico: una mujer fallecida, 66 heridos, entre ellos un adolescente de 15 años, y más de 400 viviendas afectadas. Veinte de ellas quedaron inhabitables y una decena debió ser demolida. La onda expansiva fue tan fuerte que se percibió a cuatro kilómetros a la redonda y generó un cráter de casi dos metros de profundidad y cinco de ancho, visible desde el aire.
El fuego y la tragedia
Todo comenzó minutos después de las 20:30, cuando los empleados de la química detectaron un incendio en un sector del depósito. Alcanzaron a evacuar, pero cuando los bomberos llegaron para combatir las llamas, el camión de emergencias aún maniobraba cuando se produjo la detonación.
El impacto destruyó casas linderas, rompió vidrios y estructuras a varias cuadras, e interrumpió los servicios de luz, gas y agua. Vecinos relataron que el barrio “parecía una zona de guerra”.
Entre los heridos, Pablo Amaya, de 15 años, sufrió un traumatismo de cráneo grave tras el golpe de un portón metálico. Estuvo más de un mes internado y logró sobrevivir, aunque con secuelas. María Angélica Cueto, de 65 años, quedó sepultada bajo los escombros de su vivienda. Fue rescatada con vida, pero falleció nueve días después a causa de las heridas.
Emergencia y desolación
Tras el estallido, el intendente Ramón Mestre declaró la zona en “emergencia social y de desastre”, mientras el gobernador José Manuel de la Sota dispuso la asistencia a las familias afectadas. Se montaron operativos policiales para evitar saqueos, aunque varios vecinos denunciaron robos en medio del caos.
Escuelas cercanas, como el IPEM 122 Gómez Casco y la escuela Simón Bolívar, sufrieron destrozos y debieron suspender las clases. En los alrededores, las calles se llenaron de escombros y de familias que lo habían perdido todo.
El foco del desastre
La investigación reveló que la empresa Raponi Industrial Química SRL, habilitada solo para fabricar y fraccionar productos no inflamables, almacenaba alcohol líquido y solventes volátiles sin autorización. En uno de los sectores sin declarar, los peritos hallaron tambores con percloroetileno, un químico pesado y volátil utilizado en tintorerías que, al calentarse, puede provocar explosiones.
Las inspecciones también descubrieron que la empresa ocupaba una parcela no declarada y mantenía tambores al aire libre, un riesgo extremo en zonas residenciales.
De la sospecha al juicio
La fiscal Eve Flores ordenó la detención del propietario, Sergio Hilton Raponi, abogado y responsable de la firma. Inicialmente fue imputado por estrago culposo agravado, pero la carátula se agravó a estrago doloso agravado por la muerte de una persona al comprobarse que el depósito operaba ilegalmente y en condiciones peligrosas.
Con el tiempo, se sumaron nuevas líneas de investigación. Un informe de Bomberos halló la presencia de precursores químicos, lo que llevó al fiscal federal Enrique Senestrari a abrir una causa paralela por posible desvío de sustancias controladas.
El fallo histórico
El proceso judicial se extendió durante años. Finalmente, en Abril de 2022, Sergio Raponi fue condenado a ocho años de prisión por estrago doloso doblemente calificado, en un fallo considerado histórico para la justicia cordobesa. La sentencia destacó que el empresario sabía del riesgo que implicaba el almacenamiento indebido de materiales inflamables y que, pese a ello, no adoptó medidas preventivas.
Aunque la condena no quedó firme de inmediato, marcó un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes ponen en riesgo la vida ajena por negligencia industrial.
Una década después: memoria y reclamo
Diez años más tarde, el barrio Alta Córdoba aún carga con las cicatrices de aquella noche. Las casas reconstruidas conviven con el recuerdo de aquella noche. Los vecinos mantienen vivo el reclamo por controles más estrictos y políticas efectivas para prevenir tragedias similares.
La explosión de la Química Raponi no solo dejó un saldo humano y material devastador: expuso una cadena de fallas estructurales, complicidades burocráticas y vacíos de control estatal.
Como sucedió en otros desastres argentinos, de Río Tercero a Cromañón, la tragedia de Alta Córdoba se transformó en una advertencia: la seguridad no puede quedar librada al azar ni a la irresponsabilidad empresarial.
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