La Defensoría del Pueblo de Córdoba firmó convenios con sus pares de Bolivia y Venezuela

Los acuerdos establecen un marco de trabajo conjunto para promover y proteger los derechos de los ciudadanos de Venezuela y Bolivia que residen o se encuentran en la provincia de Córdoba.

Carlos Galoppo firmó acuerdos de cooperación con las Defensorías de Venezuela y Bolivia.

Carlos Galoppo firmó acuerdos de cooperación con las Defensorías de Venezuela y Bolivia.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba Carlos Galoppo, firmó dos convenios marco de cooperación y asistencia técnica con las Defensorías del Pueblo de Venezuela y Bolivia. El primero de ellos fue suscrito con la Defensora del Pueblo de Venezuela, Eglee González Lobato, mientras que el segundo fue firmado con el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Pedro Francisco Callisaya Aro.

Uno de los ejes de los acuerdos es la protección frente a situaciones de xenofobia, racismo, violencia de género y vulneración de derechos laborales. Las Defensorías podrán desarrollar acciones de prevención y facilitar el acceso a los organismos de atención. También se prevé brindar orientación ante posibles situaciones de trata o explotación y derivar las consultas a las autoridades competentes.

En materia de documentación y trámites migratorios, los convenios contemplan la coordinación con representaciones consulares, registros civiles y organismos de migraciones. Cuando una gestión iniciada en Córdoba requiera información de Bolivia o de Venezuela, la Defensoría podrá trabajar con su par del país correspondiente para canalizar el pedido y darle seguimiento. La orientación también alcanzará a quienes encuentren dificultades para acceder a la atención de salud, la educación, el trabajo, la seguridad social o la justicia.

Los acuerdos reconocen, además, el valor del diálogo con quienes integran ambas comunidades. Para tal fin, prevén espacios de escucha en Córdoba para que ciudadanos/as de dichos países, sus organizaciones y referentes puedan señalar las barreras que enfrentan e incorporar sus propuestas al trabajo de las Defensorías. A partir de esas necesidades, podrán impulsarse talleres de educación en derechos humanos y elaborar materiales accesibles que tengan en cuenta la diversidad cultural y lingüística de sus destinatarios.

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