Una fecha para concientizar en medio de la disputa
Cada 31 de marzo, desde 1963, la Argentina conmemora el Día Nacional del Agua, una iniciativa surgida tras el primer Congreso Nacional del Agua realizado en Córdoba, con el objetivo de promover el uso sostenible de un recurso esencial.
Sin embargo, la efeméride de este año está atravesada por un debate que tensiona ese espíritu: la posible modificación de la Ley N° 26.639 de Protección de Glaciares, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para preservar estas reservas estratégicas frente al avance de actividades extractivas y el impacto del cambio climático.
El valor estratégico de los glaciares
Lejos de ser solo un atractivo paisajístico, los glaciares constituyen uno de los principales reservorios de agua dulce del país. Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren más de 8.000 km², concentrando cerca del 70% del agua dulce disponible.
Su rol es clave, especialmente en regiones áridas: durante períodos de sequía, aportan entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos. En total, estas reservas alimentan 36 cuencas hídricas que abastecen a unos siete millones de personas, cerca del 18% de la población.
La reforma: ¿protección o flexibilización?
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo se presenta como una reinterpretación normativa para promover el desarrollo productivo. No obstante, científicos y organizaciones ambientales advierten que podría implicar una flexibilización de las protecciones actuales.
Entre los puntos más cuestionados se destacan:
- Discrecionalidad provincial: se propone que cada provincia determine qué glaciares proteger según su “función hídrica efectiva”, lo que rompería criterios científicos uniformes.
- Reducción de áreas protegidas: actividades como la minería podrían avanzar sobre zonas hoy vedadas, especialmente en ambientes periglaciales.
- Debilitamiento técnico: el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) quedaría subordinado a decisiones políticas.
El papel clave del IANIGLA
En la legislación vigente, el IANIGLA, dependiente del CONICET, cumple una función central: es el organismo encargado de elaborar y actualizar el Inventario Nacional de Glaciares.
Su trabajo garantiza:
- Identificación precisa de glaciares y geoformas periglaciales.
- Criterios científicos uniformes en todo el país.
- Información pública para la toma de decisiones.
- Asesoramiento técnico ante proyectos productivos.
La eventual pérdida de su autonomía implicaría un cambio profundo en la forma en que y como se definen las áreas protegidas.
Glaciares de escombros: los invisibles en riesgo
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el posible impacto sobre los glaciares de escombros, estructuras de roca y hielo que, aunque menos visibles, cumplen una función clave en la regulación hídrica.
Actualmente protegidos por la ley, podrían quedar excluidos si se adopta el criterio de “función hídrica efectiva”, lo que habilitaría actividades extractivas en zonas estratégicas para la recarga de agua.
El caso de La Pampa
Aunque no posee glaciares, provincias como La Pampa dependen directamente de ríos que nacen en la cordillera, como el Colorado y el Atuel.
La reforma podría:
- Reducir caudales disponibles para consumo y producción.
- Aumentar conflictos interprovinciales por el uso del agua.
- Dejar a poblaciones enteras sujetas a decisiones tomadas aguas arriba.
Este escenario expone una tensión entre modelos de federalismo: uno coordinado y con criterios comunes, y otro fragmentado, donde cada jurisdicción decide sin considerar el impacto en el sistema hídrico integral.
Desconocimiento del impacto en el cambio climático
Especialistas advierten que la reforma ignora el rol de los glaciares como reguladores climáticos. Su degradación no solo afecta el almacenamiento de agua, sino que acelera procesos de calentamiento y altera ecosistemas de alta montaña.
En un contexto de retroceso glaciar sostenido, flexibilizar su protección aparece como una contradicción frente a las políticas de adaptación climática.
Priorización del RIGI sobre el ambiente
Diversos sectores sostienen que el trasfondo del proyecto está vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer capitales en sectores como la minería.
Según estas miradas, la reforma buscaría habilitar proyectos en áreas actualmente protegidas, priorizando la rentabilidad económica por sobre la preservación de reservas hídricas estratégicas.
Inseguridad jurídica y aumento de litigios
Lejos de aportar claridad, especialistas advierten que la reforma podría generar mayor incertidumbre legal.
Al reducir estándares de protección ambiental, se abriría la puerta a cuestionamientos judiciales constantes, tanto de organizaciones civiles como de provincias afectadas, incrementando la litigiosidad en torno a proyectos productivos.
Paradoja difícil de soslayar
La conmemoración del Día Nacional del Agua expone este año una paradoja: mientras se insiste en la necesidad de cuidar un recurso vital, se impulsa una reforma que podría debilitar las herramientas legales que garantizan su preservación.
Detrás de este debate subyace una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo que se pretende consolidar en la Argentina.
La modificación de la Ley de Glaciares parece alinearse con una lógica extractivista de corto plazo, en la que la explotación intensiva de recursos naturales, particularmente la minería a gran escala, se presenta como motor de crecimiento económico, generación de divisas e ingreso de inversiones extranjeras. Este enfoque, promovido en parte a través de esquemas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prioriza la rentabilidad inmediata y la competitividad internacional, incluso en territorios ambientalmente sensibles.
Sin embargo, este modelo entra en tensión con otro paradigma posible: uno basado en la sostenibilidad, la gestión integral de cuencas y la preservación de bienes comunes estratégicos como el agua. En este sentido, la Ley de Glaciares vigente no solo establece límites, sino que define un ordenamiento ambiental que busca equilibrar desarrollo económico con protección de recursos críticos, entendiendo que sin agua no hay producción, ni comunidades, ni futuro.
La disyuntiva, entonces, no es simplemente técnica ni jurídica, sino política y civilizatoria. Apostar por un esquema que flexibiliza la protección de los glaciares implica asumir riesgos significativos en términos de seguridad hídrica, equidad territorial y resiliencia frente al cambio climático. En cambio, sostener estándares ambientales robustos supone reconocer que el desarrollo no puede medirse únicamente en términos de inversión o crecimiento, sino también en la capacidad de garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones presentes y futuras.
En un escenario global atravesado por crisis climáticas cada vez más severas, la decisión sobre qué hacer con los glaciares no es menor: define si el país opta por profundizar un modelo basado en la extracción de recursos finitos o si avanza hacia uno que resguarde su capital natural como base de un desarrollo verdaderamente sostenible.
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