La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba expresa su preocupación y rechazo al proyecto de ley S-0228/2025, que propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes.
La institución advierte que la iniciativa resulta innecesaria, ya que las conductas alcanzadas por el proyecto ya se encuentran tipificadas en la legislación vigente, y se basa en una confusión conceptual que equipara erróneamente la falta de condena con la existencia de una denuncia falsa.
Asimismo, desde el Área de Género de la Defensoría destacan que no existe evidencia que indique que las falsas denuncias constituyan un problema significativo, mientras que sí persisten fuertes barreras estructurales para denunciar situaciones de violencia.
En este sentido, el organismo alerta que el agravamiento de penas puede generar un efecto disuasorio sobre quienes evalúan denunciar, desalentar la participación de testigos y profesionales intervinientes y profundizar las desigualdades en el acceso a la justicia.
“Vemos una clara intencionalidad en este proyecto de confundir qué es una denuncia falsa. La respuesta nunca puede ser poner más barreras para el acceso a la justicia, sino mejorar el funcionamiento del sistema. En este contexto, no podemos acompañar proyectos que generen más miedo y más obstáculos para denunciar. La salida es fortalecer la protección y mejorar la justicia, no retroceder en derechos. Esperamos que los legisladores nacionales no acompañen este proyecto”, expresó el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo.
A su vez, informa su adhesión al pronunciamiento emitido por la Mesa de Trabajo y Diálogo sobre Políticas de Género de Córdoba, que rechaza de manera categórica el proyecto por considerarlo regresivo, carente de sustento empírico y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello, la Defensoría del Pueblo de Córdoba hace un llamado público a las y los legisladores por la provincia de Córdoba a rechazar el Proyecto de Ley S-0228/2025 y a fortalecer las herramientas de protección, prevención y respuesta integral frente a estas violencias.