En una resolución considerada histórica, la Cámara Federal de Córdoba determinó que la muerte de Melín Sartori, una joven de 24 años fallecida en 2021, estuvo vinculada a efectos adversos derivados de la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
La decisión judicial se conoció luego de un extenso proceso administrativo y judicial en el que, según la representación legal de la familia, el propio Ministerio de Salud de la Nación terminó reconociendo la relación de causalidad entre la inoculación y el desenlace fatal.
Sartori recibió la primera dosis de la vacuna rusa en el contexto de la campaña de inmunización desarrollada durante la pandemia. De acuerdo con la reconstrucción presentada en la causa, la joven gozaba de buen estado de salud hasta que, aproximadamente una semana después de la aplicación, comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales.
En una primera consulta médica, los síntomas fueron atribuidos a un cuadro gastrointestinal y recibió el alta. Sin embargo, horas más tarde su estado se agravó con vómitos y pérdida de fuerza en las extremidades. Ya internada en un centro de salud privado de Córdoba, los estudios detectaron una trombosis asociada a trombocitopenia, una condición caracterizada por una disminución significativa de plaquetas en sangre.
A raíz de las complicaciones, Melín fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas cerebrales. Tras la última operación quedó en estado vegetativo y finalmente falleció.
Un largo reclamo hasta el reconocimiento oficial
El abogado de la familia, Martín Diego Barbará, explicó que el reclamo se inició bajo el marco de la Ley 27.573, que regula el uso de vacunas contra el Covid-19 y contempla mecanismos de compensación para eventuales daños derivados de su aplicación.
Según relató, la familia presentó abundante documentación médica, informes especializados y estudios científicos para demostrar el vínculo entre la vacuna y el cuadro clínico que sufrió la joven. No obstante, el planteo fue inicialmente rechazado en sede administrativa.
Tras una serie de apelaciones y recursos, la causa avanzó en la Justicia Federal. En ese proceso, sostuvo Barbará, el Ministerio de Salud terminó aceptando la existencia de una relación causal entre la vacunación y la muerte de Sartori.
El letrado destacó además que la presentación estuvo respaldada por dictámenes de especialistas de reconocimiento internacional y que el caso fue incluso publicado en una revista científica del exterior debido a sus características particulares.
“No somos antivacunas”
La familia y su representación legal remarcaron que el objetivo del reclamo nunca fue cuestionar las campañas de vacunación ni promover discursos antivacunas.
Barbará señaló que la discusión se centró exclusivamente en las circunstancias particulares del caso y en la necesidad de obtener una respuesta institucional. También manifestó cuestionamientos respecto a la falta de información de farmacovigilancia vinculada a la Sputnik V y recordó que la vacuna no llegó a contar con la preaprobación de la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, Virginia Ruiz, madre de Melín, sostuvo desde el inicio que los síntomas presentados por su hija guardaban relación con la inmunización y buscó que esa situación fuera investigada y reconocida oficialmente.
Indemnización para la familia
El fallo establece que el Estado nacional deberá indemnizar a los familiares de la joven con una suma cercana a los 95 millones de pesos, una vez que la sentencia quede firme.
Sin embargo, desde el entorno de la víctima aseguran que la cuestión económica nunca fue el principal objetivo de la demanda. Según explicó el abogado, la familia buscaba principalmente que se reconociera oficialmente la causa de la muerte de Melín.
La resolución judicial marca un precedente relevante en materia de reclamos vinculados a efectos adversos de vacunas contra el Covid-19 y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los mecanismos de compensación previstos por la legislación argentina para situaciones excepcionales derivadas de campañas sanitarias masivas.