La empresa Petroquímica Río Tercero SA y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp) alcanzaron este viernes un acuerdo para encauzar un conflicto que se arrastra desde hace más de un año y que derivó en una fuerte reducción del plantel laboral y la paralización de la planta local. El entendimiento fue confirmado tanto por el secretario general del gremio, Lucas Felici, como por la propia compañía desde su sede en Buenos Aires, aunque aún resta la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para que entre en vigencia.
Según las partes, lo firmado corresponde a un acuerdo marco, mientras que a partir del lunes se rubricarán convenios particulares. Desde la empresa estimaron que, una vez cumplidos los pasos administrativos, la actividad podría retomarse en las próximas semanas, posiblemente durante enero, aunque con un nivel de producción, facturación y empleo sensiblemente menor al histórico.
Felici señaló que uno de los puntos centrales del acuerdo es la reincorporación de 16 trabajadores despedidos en julio pasado, sobre un total de 124 cesanteados en esa instancia. Además, se acordó la reactivación de la planta bajo las condiciones de seguridad reclamadas por el sindicato y la firma de un convenio de crisis que habilita distintas mesas de negociación paritaria para continuar discutiendo la situación laboral.
El convenio de emergencia tendrá una vigencia de cinco años, aunque contempla la posibilidad de revisión si mejora la situación económica de la empresa. Entre los cambios acordados figuran modificaciones en conceptos como comedor, transporte y horas extras, así como un esquema excepcional en materia previsional: los empleados no realizarán aportes jubilatorios del 14% de su salario y la empresa tampoco efectuará contribuciones patronales durante el período de crisis.
El conflicto en Petroquímica Río Tercero se profundizó a partir de octubre de 2024, cuando la empresa cerró su principal unidad productiva, la planta de TDI (diisocianato de tolueno), que representaba cerca del 70% de la facturación. La decisión respondió, según la firma, a la imposibilidad de competir con la importación del insumo desde China. En esa etapa se produjeron unos 120 despidos. En julio de este año, un nuevo ajuste derivó en otros 124 cesanteados, lo que llevó a la paralización de las plantas restantes.
De los 375 trabajadores que llegó a tener la compañía en Río Tercero, actualmente quedarían alrededor de 100. La empresa mantiene operativas, al menos en los planes, una planta de policloruro de aluminio (PAC) y otra de cloro y productos químicos, con las que prevé continuar su actividad.
En paralelo al conflicto laboral, días atrás cuatro exempleados presentaron una denuncia penal contra la propietaria de la empresa, Verónica Vara, por presuntos delitos de administración fraudulenta, vaciamiento de empresa y tentativa de estafa procesal. Además, la firma inició un proceso judicial de crisis con sus acreedores y llegó a advertir sobre la posibilidad de un cierre definitivo si no se alcanzaba un acuerdo.
Desde el sindicato, Felici remarcó que el diálogo continúa abierto, especialmente en relación con las indemnizaciones adeudadas, y reclamó que la empresa realice un mayor esfuerzo económico para cumplir con esos pagos. La homologación del acuerdo será ahora clave para confirmar el reinicio de la actividad y poner fin, al menos de manera parcial, a un conflicto que se extendió durante casi seis meses.