La provincia de Córdoba adhirió formalmente al nuevo protocolo para la detección y el bloqueo de dispositivos móviles dentro de las cárceles provinciales. La medida, establecida mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), busca incorporar herramientas tecnológicas y administrativas para prevenir el uso de teléfonos celulares en la planificación y coordinación de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La disposición fue instruida por el ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, Julián López, y permitirá extender a las distintas cárceles de Córdoba un procedimiento que anteriormente se aplicaba en el ámbito de los establecimientos penitenciarios federales.
Para conocer los alcances de la medida, Hoy Día Córdoba dialogó con la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, quien explicó cómo funcionará el nuevo mecanismo y qué cambios implicará para los controles dentro de las unidades penitenciarias.
El origen de este avance normativo se remonta a una demanda de las provincias, encabezada de manera formal por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, que expuso ante el ENACOM la problemática del uso de celulares en las cárceles de su propia jurisdicción y solicitó una norma complementaria para incorporar expresamente a los servicios penitenciarios locales. Tras mantener diversas conversaciones técnicas con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, firmó la Resolución 734/2026 el pasado 11 de agosto, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto.
A diferencia de los mecanismos tradicionales de inhabilitación que solo operaban sobre el aparato telefónico o sobre la tarjeta SIM de manera aislada, permitiendo que las personas privadas de la libertad los reutilizaran cambiando el chip o usando varios números en un solo dispositivo móvil, el nuevo protocolo establece un bloqueo integral de tres capas. La tecnología incorporada permitirá solicitar el bloqueo simultáneo y concurrente del IMEI (Identidad Internacional del Equipo Móvil, compuesto por los 15 dígitos de identificación del aparato), el IMSI (Identidad Internacional del Abonado Móvil, es decir, la tarjeta SIM o chip) y la línea telefónica asociada.
Fernández explicó que el nuevo mecanismo permitirá “inhabilitar no solamente la línea telefónica, sino también el aparato y además el chip”. Según detalló, el objetivo es evitar maniobras como el swapping, que consiste en cambiar la tarjeta SIM o utilizar un mismo dispositivo con distintas líneas. “Lo importante es evitar esta maniobra que muchas veces hacen las personas en el contexto del encierro, de cambiar a otro dispositivo o tener un dispositivo con varios números de teléfono”, señaló. De este modo, el bloqueo integral busca dificultar que un teléfono vuelva a utilizarse mediante el simple reemplazo de alguno de sus elementos identificatorios.
Esta normativa complementará los mecanismos de seguridad que ya utiliza la Provincia y permitirá sortear algunas de las limitaciones técnicas que presentan los inhibidores de señal instalados en establecimientos penitenciarios. Según explicó Fernández, estos dispositivos pueden generar interferencias que exceden el perímetro de las cárceles y afectan a las poblaciones cercanas. “En los establecimientos penitenciarios tenemos inhibidores de señal, como por ejemplo en Bouwer. Pero presentan limitaciones técnicas porque generalmente esta inhibición afecta a poblaciones como Bouwer, Cruz del Eje, Río Cuarto y Villa María”, señaló.
Esta interferencia sobre las redes de telefonía de las zonas aledañas generó reclamos de vecinos y planteos por parte de las empresas prestadoras. Fernández explicó que la Provincia ya cuenta con distintas herramientas tecnológicas, pero que la aplicación de los inhibidores también implicaba afrontar reclamos vinculados con las operadoras. “Contamos con todas las herramientas tecnológicas. El problema era que muchas veces hemos recibido reclamos por parte de los pobladores de las poblaciones aledañas y de las mismas empresas”, señaló. En ese sentido, agregó que, ante estas situaciones, “la administración provincial generalmente se tiene que enfrentar de manera particular a cada operadora telefónica”.
Asimismo, Fernández señaló que la Córdoba ya cuenta con tecnología para identificar dispositivos mediante sus identificadores. “Nosotros tenemos IMSI catcher, lo usamos y denunciamos ante la fiscalía. Pero ENACOM nunca te bloqueaba los números”, explicó. En este sentido, el nuevo procedimiento establece un circuito específico para canalizar las solicitudes de bloqueo ante las empresas prestadoras, a partir de los dispositivos detectados dentro de las zonas alcanzadas por el protocolo.
El flujo de bloqueo funcionará a través de un canal coordinado de manera ágil entre la provincia, la nación y las operadoras de telecomunicaciones, las cuales tienen la obligación legal de colaborar en seguridad pública conforme al artículo 62 de la Ley N° 27.078.
Cuando el Servicio Penitenciario detecte un dispositivo activo dentro de las zonas alcanzadas por el protocolo, la Provincia podrá informar los tres identificadores correspondientes —IMEI, IMSI y línea telefónica— para iniciar el procedimiento de bloqueo. La gestión será canalizada ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que intervendrá en la solicitud a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles, de acuerdo con el circuito establecido por la normativa.
No obstante, el nuevo mecanismo administrativo no reemplazará la intervención de la Justicia ante el hallazgo de un teléfono dentro de un establecimiento penitenciario. Fernández aclaró que la Provincia continuará informando estos casos a la fiscalía, ya que el dispositivo o la línea asociada pueden aportar información relevante para una investigación penal. En ese sentido, remarcó que “encontrar un celular no es un hecho aislado, sino que requiere siempre de la investigación por parte de la fiscalía”.
Con el fin de asegurar que el dispositivo secuestrado sirva como elemento de prueba válido en causas criminales, el Servicio Penitenciario de Córdoba posee una estricta guía interna de cumplimiento obligatorio para realizar las actas de secuestro, donde se detallan el IMEI, los datos de serie, tarjetas SIM y los elementos de almacenamiento adicionales como pendrives o tarjetas de memoria.
Según Fernandez, Córdoba fue una de las primeras provincias en adherir al nuevo protocolo, aunque la puesta en marcha del procedimiento todavía requiere definir el circuito operativo con el Ministerio de Seguridad de la Nación. La funcionaria explicó que la Provincia concretó la adhesión inmediatamente después de la publicación de la resolución, pero que resta establecer cómo se canalizará la información para solicitar los bloqueos ante el ENACOM. “Somos una de las primeras provincias que adhirió inmediatamente, pero la ejecución está en la cancha del Ministerio de Seguridad, que va a decir cuál es el cursograma de acción para informar esos números y que ellos los informen al ENACOM”, señaló.
Consultada sobre cuánto tiempo tendrán las empresas prestadoras para ejecutar los bloqueos una vez recibida la notificación, Fernández aclaró que la resolución no establece un plazo específico, por lo que ese aspecto deberá definirse durante la implementación del procedimiento. La funcionaria también señaló que será necesario ajustar los protocolos de ingreso y egreso de los establecimientos penitenciarios para contemplar los dispositivos utilizados por personas autorizadas. A su vez, explicó que esta herramienta se sumará a los controles que ya se realizan en las cárceles cordobesas, entre ellos requisas físicas, escáneres corporales, detectores de metales, de bolsos y de paredes, además de sistemas de clasificación por nivel de riesgo.