La comunidad universitaria volverá a salir este jueves a las calles de todo el país en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional lleva ya prácticamente un año sin cumplir, en una marcha que promete nuclear como nunca antes diversos reclamos sociales de numerosos sectores en un mismo frente de protesta –jubilados, personas con discapacidad, deudores morosos, defensores de la Ley de Tierras- hacia la gestión de Javier Milei, que mirará el desafío desde Estados Unidos.
En ese marco, la secretaria general del gremio de docentes e investigadores de Córdoba (Adiuc), Leticia Medina, reveló en diálogo con Hoy Día Córdoba la profundidad que alcanza la pérdida salarial de los trabajadores de la universidad pública en la gestión libertaria.
Una caída histórica del salario
“El atraso salarial de docentes y no-docentes se puede representar de la siguiente manera: para recuperar el poder adquisitivo que teníamos en noviembre de 2023, en octubre de este año necesitaríamos un aumento del 34% y en el caso de los preuniversitarios el aumento debería llegar al 43%. Si quisiéramos remontarnos más atrás, en referencia al mejor salario que tuvimos en los últimos diez años, que fue en agosto de 2015, necesitaríamos un 94% de aumento para recuperar el poder adquisitivo de ese momento”, explicó con precisión Medina.
Respecto a la quinta marcha federal universitaria que se realizará este jueves en todo el país, Medina aseguró que “es especial porque vamos a confluir junto con muchos otros sectores de nuestra sociedad con los que venimos trabajando en conjunto contra políticas que vienen generando mucho daño. Mientras en el Congreso se esté tratando el DNU 70/23, en las calles vamos a estar ejerciendo nuestro derecho a expresarnos y a demandar a nuestras representaciones políticas no sólo la defensa de la universidad pública y del presupuesto para financiarla, sino también la derogación de un decreto que está garantizando el ajuste sobre los jubilados, el ajuste sobre las personas con discapacidad, que está permitiendo la venta indiscriminada de nuestro territorio y nuestros recursos naturales a extranjeros. Así que realmente para nosotros es una marcha muy especial y con mucha potencia porque pone a la universidad en una línea de continuidad con otras demandas y con un proyecto de país que tenga en el centro la defensa de la soberanía nacional, de la democracia, de la educación, el conocimiento, la ciencia y el desarrollo”.
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Las expectativas con el Gobierno
“La verdad es que no tenemos expectativas de que el Gobierno cambie su actitud frente a la universidad pública porque la política de desmantelamiento y ajuste que viene aplicando es intencional y es parte de un proyecto de país que viene desplegando desde su inicio”, agregó Medina en diálogo con HDC, donde consideró que “lo que esperamos, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, es que la confluencia de la movilización callejera de distintos sectores de la ciudadanía en general, reclamando por lo que consideramos necesario y justo, junto con la resonancia que esta marcha y estas demandas tengan en la Justicia y en el Congreso, puedan lograr la fuerza para obligar al Gobierno a cumplir las leyes, obligarlo a restituir el presupuesto universitario y todas aquellas normas, leyes y políticas que garanticen derechos tanto a jubilados y jubiladas como a los sectores de discapacidad, a la salud pública, a la educación en general, y por supuesto que se restituya la Ley de Tierras para que nuestra soberanía nacional deje de estar en riesgo”.
Los pasos siguientes
“Luego de la marcha por supuesto que vamos a esperar una respuesta del Gobierno, vamos a estar muy atentos a lo que se resuelva en el Congreso, al avance de la discusión por la derogación del DNU 70/23 y a la discusión de la ley de Presupuesto 2027. Vamos a tener una Asamblea General de afiliados y afiliadas la semana siguiente y posteriormente un Congreso de nuestra federación Conadu, el ámbito de mayor representación de todos los gremios de base de todas las universidades públicas, para resolver la continuidad del plan de lucha”, adelantó la titular de Adiuc, quien respecto a 2027, consideró que “nosotros creemos que esta pelea va a seguir el año que viene porque el Gobierno está decidido a ahogar a las universidades públicas, es una política, es una decisión, por lo que creemos que también será un elemento a tener en cuenta en el proceso electoral que habrá a fin de año”.
En ese sentido, la líder sindical valoró los resultados obtenidos en la Justicia –que acaba de dictar el pago de multas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la Ley 27795- porque “la vía judicial nos ha permitido avanzar en una discusión bastante frontal con el Gobierno, en donde ha quedado absolutamente claro y expuesto que el Gobierno no solamente está en contra de la universidad sino también de las leyes y la democracia. En ese sentido, nosotros consideramos un avance que la Justicia nos haya dado la razón incontables veces, que la Corte Suprema esté obligando al Gobierno a cumplir la ley, que ya estemos en una etapa de sanciones económicas a los funcionarios porque no están cumpliendo con sus deberes de aplicar la norma. Para nosotros es un avance en el sentido de mostrar que, a diferencia de lo que dice el vocero del Ejecutivo, sí hay una intencionalidad del Gobierno contra las universidades porque si no simplemente estarían cumpliendo la ley”.