El legislador provincial del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, presentó un proyecto de ley que propone autorizar a la Policía de Córdoba a cerrar calles de manera provisoria cuando existan razones de seguridad.
La iniciativa, que se inspira en lo que ha decidido hacer el municipio de Villa Allende, busca dotar de un marco legal a una práctica que, según Agrelo, ya ocurre de hecho en numerosos barrios de la provincia.
La propuesta habilita a la Policía a establecer cerramientos transitorios, siempre que no exista una oposición explícita del 40% o más de los vecinos de la zona afectada, tomando como referencia el padrón de contribuyentes del impuesto Inmobiliario provincial.
A su vez, contempla la posibilidad de que los propios habitantes pidan el cierre: si al menos un 10% del padrón lo solicita, la Policía puede evaluar la medida, siempre bajo las mismas condiciones de oposición vecinal.
En todos los casos, la fuerza de seguridad deberá elaborar un protocolo que detalle el alcance de la medida: zona, materiales del cerramiento, días y horarios, arterias alternativas, personal involucrado y una fecha de revisión del cierre. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, Agrelo sostiene que la propuesta implica una limitación al derecho constitucional de libre tránsito, pero la justifica bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
“Preferimos reglamentar o limitar el derecho a transitar si de ello deriva la protección de la vida de las personas”, argumenta el parlamentario, y plantea que esta medida, aunque extrema, se enmarca en el concepto de “estado de necesidad”: causar un mal menor para evitar uno mayor.
También advierte que el proyecto no busca regular el tránsito (una competencia municipal) sino establecer mecanismos de excepción ante situaciones de inseguridad, con participación vecinal y revisión periódica. “La norma no pretende fijar sentidos de circulación ni instalar lomadas. Solo se trata de permitir cerramientos provisorios con fines preventivos”, aclara.
Desde Encuentro Vecinal reconocen que la medida es consecuencia de un “fracaso social” más amplio, y que la verdadera solución a la inseguridad requiere políticas estructurales en educación, trabajo y salud. Aun así, sostienen que, mientras esas transformaciones no lleguen, es necesario ofrecer herramientas para proteger la integridad física de las personas y sus bienes.
El debate ahora se trasladará al recinto legislativo, donde el proyecto deberá ser evaluado por sus pares. Agrelo confía en que la propuesta contribuirá a institucionalizar mecanismos de prevención que hoy se aplican sin respaldo legal en distintas barriadas de Córdoba.
La experiencia en Villa Allende
Como se recordará, el Concejo Deliberante de Villa Allende, en el Gran Córdoba, aprobó el mes pasado la iniciativa denominada “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, que limita el acceso a ciertos barrios durante el horario nocturno.
El proyecto enviado por el intendente local, Pablo Cornet, surgió como medida preventiva ante el aumento de hechos delictivos en sectores de esa ciudad. De este modo, el Ejecutivo municipal planteó el cerramiento parcial de arterias secundarias de barrios de la ciudad en el horario de 22 a 6; la instalación de 250 cámaras lectoras de patentes, y la incorporación de 57 domos policiales y de cinco móviles de Seguridad Ciudadana, y la capacitación al personal, entre otras medidas.
También colocará lectores de patentes en las principales arterias para localizar a posibles vehículos delictivos. La medida, que no tiene antecedentes en la provincia de Córdoba, ingresó al Concejo el 7 de mayo pasado, y finalmente se aprobó el 16 de mayo con el respaldo de la mayoría del oficialismo.
La norma también incluye un “Registro de oposición”, que exige una aprobación vecinal superior al 40% de los encuestados.
Máximo Mansilla, concejal oficialista de Villa Allende, dijo que es un programa que refuerza la seguridad que ya está en marcha. “Lo que más resistencia trajo es el cierre de calles secundarias. Lo que se busca es ser más eficientes con los monitoreos porque los delincuentes toman rutas aledañas a Córdoba”, acotó.
La medida de cerramiento plantea incógnitas sobre todo en los vecinos que se preguntan cómo se implementará y sobre el temor de quedar en una zona liberada en caso de oponerse. Algo que el intendente Cornet descartó que suceda. “La Policía y Seguridad Ciudadana continuarán custodiando los barrios y se colocarán cámaras”, indicó Cornet.