La crisis en la fábrica de tractores Pauny volvió a ser noticia en las últimas horas. Luego de una asamblea realizada por los trabajadores en el interior de la planta ubicada en Las Varillas, los operarios resolvieron iniciar la toma por tiempo indeterminado de las instalaciones y el bloqueo total de los accesos a la fábrica, como respuesta ante la falta de cobro de sus haberes y la falta de avances en las audiencias de negociación.
La toma de la planta y la voz de los trabajadores
La medida de fuerza fue resuelta de manera inmediata tras la asamblea general celebrada en el predio, como consecuencia del estancamiento de las conversaciones mantenidas en la sede de la Secretaría de Trabajo local. Con la presencia preventiva de efectivos de la Policía provincial y de la Guardia de Infantería en las inmediaciones del establecimiento, la toma de la planta marca un punto de inflexión en el conflicto metalúrgico.
Sobre la gravedad del escenario, Lucas Sarmiento, secretario general de la Seccional San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), remarcó que «esta situación es insalvable» y advirtió sobre las dramáticas consecuencias que atraviesan las familias del departamento San Justo por el atraso de hasta tres quincenas consecutivas en los haberes de más de 450 operarios.
El dirigente gremial precisó además que el impacto social es directo en la cotidianeidad de los trabajadores, al punto de que «tenemos trabajadores que han sido desalojados de sus hogares y otros con intimaciones periódicas» por la imposibilidad de afrontar sus alquileres. Asimismo, Sarmiento vinculó la parálisis productiva al contexto económico nacional, criticando «la apertura indiscriminada de la importación, donde hoy Pauny tiene un montón de competidores» en el mercado de maquinaria agrícola.
Pasivo millonario y una situación financiera al límite
La medida de fuerza adoptada en la planta de Las Varillas se enmarca en un escenario económico extremadamente frágil para la histórica firma metalmecánica.
Según precisaron desde la representación gremial, en las últimas dos semanas la empresa registró el rechazo de cheques por una cifra superior a los $1.000 millones. A esta tensión de liquidez se le suma un pasivo acumulado que supera los $30.000 millones, contraído con proveedores locales, acreedores y la cooperativa de servicios públicos de la ciudad.
Con 450 trabajadores directos afectados dentro del establecimiento y cerca de 500 bajo esquemas de suspensión operativamente acordados, la continuidad productiva de la fábrica de tractores queda supeditada a una urgente asistencia institucional o intervención de la Secretaría de Trabajo.