La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos acreedores que mantenían judicializada deuda soberana derivada del default de 2001.
El Estado argentino presentó el martes por la noche una carta ante Loretta Preska, jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para informar el avance de la negociación. En el documento, las partes solicitaron suspender el litigio mientras se finaliza el acuerdo de conciliación.
La presentación también pide dejar en suspenso una moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, en la que el fondo solicitaba la entrega de la participación del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas como forma de cobro.
Según se informó, Attestor Master Value y Bainbridge Fund —considerados holdouts— alcanzaron un entendimiento para dividirse el colateral de los Bonos Brady que habían sido embargados a la República Argentina y que permanecían depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Los detalles de esa distribución no fueron revelados.
El documento presentado ante el tribunal señala que las partes informarán oportunamente sobre el estado del acuerdo y sobre cualquier necesidad de reactivar el proceso judicial.
De acuerdo con Sebastián Maril, analista y director de la consultora Latam Advisors, la carta presentada no aborda otro punto sensible del litigio: la moción de Bainbridge que solicita el turnover —transferencia judicial— de acciones de YPF.
Un conflicto que se arrastra desde los años 90
La disputa tiene origen en bonos emitidos en la década de 1990 bajo el Plan Brady, un esquema diseñado para reestructurar deudas soberanas de países emergentes.
Tras el default argentino de 2001, el país avanzó con sucesivos procesos de reestructuración de deuda en 2005, 2010 y 2016. Sin embargo, Attestor y Bainbridge decidieron no adherir a esos canjes y optaron por litigar en tribunales estadounidenses para cobrar el 100% del valor nominal de los bonos más los intereses acumulados.
La batalla judicial se desarrolló en Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska —sucesora de Thomas Griesa, exjuez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York— y se centró en identificar activos argentinos que no estuvieran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA).
En ese contexto, Argentina mantenía fondos depositados en una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos Bonos Brady. Tras el vencimiento de esos títulos en 2023, el remanente de ese dinero debía ser devuelto al país, lo que abrió un nuevo capítulo del litigio.
El principio de acuerdo anunciado ahora apunta a cerrar uno de los frentes judiciales que aún quedaban abiertos por la deuda en default de 2001, aunque algunos reclamos todavía continúan en discusión en tribunales estadounidenses.
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