Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras, junto a los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin de la UBA y el Conicet, encendió una señal de alerta sobre la creciente extranjerización de la tierra en la Argentina. Según el informe, cerca del 5% del territorio nacional ya está en manos foráneas, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra.
Sin embargo, los especialistas advierten que el dato más sensible surge al observar el fenómeno por regiones. Allí se detectan departamentos y zonas estratégicas —con acceso a agua, acuíferos o minerales— donde la presencia extranjera es mucho mayor al promedio nacional.
Zonas críticas y marco legal
En ese marco, la Ley de Tierras fija un límite del 15% de propiedad extranjera por jurisdicción, aunque ese tope fue derogado por el DNU 70/2023 de Javier Milei y luego declarado inconstitucional por la Justicia. Ahora la definición quedó en manos de la Corte Suprema, mientras ya se contabilizan 36 departamentos que superan ese umbral legal.
Algunos casos resultan aún más críticos, como Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja y Molinos y San Carlos en Salta, donde la extranjerización supera el 50%. A ellos se suman Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada y Campana, todas áreas clave sobre el río Paraná, con más del 30% de sus tierras en poder de extranjeros.
Concentración de propietarios y recursos
En la franja cordillerana el fenómeno también se profundiza, como ocurre en Cushamen, Chubut, donde un 23% del territorio pertenece a propietarios de otros países. Según el documento, el patrón se repite en zonas de frontera y en espacios con alto valor hídrico, minero o logístico.
El relevamiento muestra además que los principales dueños extranjeros son ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. Solo esas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en el país, una superficie superior a la de la provincia de Tucumán.
Por último, los investigadores vinculan la intención del Gobierno de modificar la Ley de Tierras con la disputa global por recursos estratégicos y advierten que una mayor apertura a las compras en regiones sensibles podría limitar la capacidad del Estado argentino para resguardar bienes clave como el agua, los bosques y los minerales.