La investigación por el caso del fentanilo adulterado sumó este miércoles un nuevo capítulo con la indagatoria de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quienes están siendo investigadas por su presunta responsabilidad en el control de los laboratorios involucrados.
La medida fue ordenada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien citó a declarar a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado. Ambas deberán responder sobre las imputaciones formuladas en el expediente que busca determinar cómo se produjo la contaminación del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group S.A.
En el marco de la investigación, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad realizaron tres allanamientos por orden judicial, uno de ellos en dependencias del Ministerio de Salud.
La detención de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera voluntaria junto a su abogado en una dependencia policial. Tras esos procedimientos, la Justicia confirmó que ambas serían indagadas durante la jornada.
Según el pedido de allanamiento incorporado a la causa, los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., vinculados al grupo familiar de los hermanos García, acumulaban antecedentes por incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esa situación habría sido posible debido a la existencia de un presunto «manto de cobertura estatal» que permitió a ambas empresas continuar operando pese a las deficiencias detectadas en sus procesos de producción. Para los investigadores, esa falta de controles adecuados derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB.
Bisio se desempeñó como titular de la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. En tanto, Mantecón Fumado ocupó la dirección del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue apartada preventivamente de su cargo.
La causa continúa avanzando para determinar las responsabilidades administrativas y penales de los ex funcionarios y de los directivos de los laboratorios involucrados en uno de los casos sanitarios más graves registrados en los últimos años.