Las provincias y distintos fueros federales aplican sistemas de inteligencia artificial de manera fragmentada ante la falta de una regulación nacional común. Una investigación de CIPPEC revela que esta modalidad ya alcanza al 17% del Poder Judicial argentino a través de normativas particulares. El organismo advierte que la incorporación de estas tecnologías sin un marco institucional unificado amplifica los riesgos de privacidad y los sesgos en los tribunales.
Iniciativas locales y vacío legal
El despliegue tecnológico en el país avanza de forma fragmentada. El Poder Judicial de Córdoba aplica desde noviembre de 2024 el sistema Jurisemia para buscar jurisprudencia, mientras que el Ministerio de Justicia de la Nación realizó un piloto de IA generativa con un 81% de aprobación entre 5.000 usuarios del sector.
La experiencia precursora es Prometea, desarrollada en 2017 por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el IALAB de la UBA. Esta herramienta subió la tramitación mensual de 130 a 490 casos, logrando un 300% más de productividad y un 90% de precisión. Además, desde mayo de 2024 el organismo usa ChatGPT para redactar borradores, reduciendo el tiempo de trabajo por resolución de una hora a diez minutos.
Pese a estos avances, el Congreso Nacional no convirtió en ley ninguna de las 62 iniciativas presentadas entre 2016 y septiembre de 2025. Ante el vacío federal, Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobaron protocolos propios, el Consejo de la Magistratura porteño dictó una guía en 2025 y la Suprema Corte bonaerense firmó un acuerdo con UNESCO.
El panorama internacional
A nivel global, el Consejo de Europa registró 125 sistemas de IA en 44 países, pero solo 9 naciones regulan su uso, entre ellas Brasil, Canadá, Colombia, el Reino Unido y los Estados Unidos. La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia detalló que estas herramientas se concentran en la gestión de expedientes y decaen en el apoyo a las sentencias.
La auditoría local concluye que el éxito radica en la gobernanza y no en la sofisticación técnica. El «principal hallazgo fue claro: los sistemas judiciales más avanzados no son los que tienen la herramienta más sofisticada, sino aquellos que lograron mejores condiciones para gobernarla«, señala el documento de CIPPEC. Como ejemplo, el Reino Unido exige supervisión humana y Brasil unificó sus plataformas además de prohibir aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.
Riesgos institucionales en el país
La adopción de software ocurre en un escenario local de baja confianza pública. El World Justice Project ubicó a la Argentina en el puesto 65 de 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2025, mientras que Transparency International le asignó 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024.
La entidad advierte que la IA no reemplaza al juez, pero introduce riesgos de privacidad, sesgos y datos falsos. Por ello, propone una agenda basada en la transparencia y el resguardo de datos. «El desafío no es solo incorporar IA en la Justicia, sino hacerlo con reglas claras, transparencia y protección de derechos», puntualiza el análisis de CIPPEC.