La línea 144 cumplió 12 años y continúa siendo una de las principales políticas públicas contra las violencias de género; se creó en el año 2013, bajo la Ley 26.485 (Artículo Nro.9), y ya lleva atendidas más de un millón de consultas, de manera gratuita, en todo el país.
Desde su implementación, también contempló la asistencia a personas con discapacidad, a través de videollamadas en lenguaje de señas y para personas no hispanohablantes, con guías en lengua clara.
Además, expandió su atención para incluir al colectivo LGBTI+, que también sufre violencias por motivos de género e incorporó al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que evita “la revictimización”, para que la persona violentada no esté obligada a relatar su situación ante diferentes dependencias del Estado.
En cuanto a los avances tecnológicos, se incorporó equipo técnico profesional, que mejoró la calidad en la atención, y se brindaron accesos a nuevos canales como WhatsApp y correo electrónico. Asimismo, se aplicó un sistema de seguimiento de casos, con articulación con otras áreas, para dar una respuesta más integral.
A pesar de que el presidente Javier Milei modificó y recortó la Dirección Nacional de la Línea 144, junto a otras áreas de prevención contra la violencia de género, y decidió que dependa del Ministerio de Justicia, continuó fortaleciéndose gracias a las políticas públicas de cada una de las secretarías de género y ministerios de las provincias.
Las autoridades provinciales reforzaron la coordinación con líneas pertenecientes a sus jurisdicciones (también municipales) relacionadas a las áreas de Género, Derechos Humanos, Salud y Educación, para una atención más efectiva.
Esta herramienta se creó con el objetivo de brindar “atención, contención y asesoramiento” a personas en situación de violencia y riesgo. Se instaló como “una línea de emergencia” en la que trabaja un equipo interdisciplinario, compuesto por profesionales de las áreas de derecho, psicología y trabajo social.
Dentro de los tipos de violencia que se contemplan se encuentran la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública política y en el espacio público.