Bolsonaro acelera el plan para rematar las empresas públicas

Bolsonaro acelera el plan para rematar las empresas públicas

BRASILIA.- El nuevo gobierno de Brasil anticipó ayer que busca “privatizar o liquidar” más de 100 de empresas estatales para aliviar la deuda pública. La decisión, anticipada también en la campaña de Jair Bolsonaro, fue dada a conocer por el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, tras la segunda reunión de gabinete de la actual gestión. “Es muy posible ponerlo en práctica si se tiene en cuenta que muchas son subsidiarias. No estamos hablando sólo de privatizaciones, estamos hablando también de liquidaciones de empresas que hoy ya no tienen sentido”, declaró Gomes de Freitas.

El funcionario afirmó que las liquidaciones “van a aliviar el presupuesto y va a ir sobrando dinero para invertir en otras prioridades”. Según el ministro de Economía, Paulo Guedes, Brasil tiene activos que podrían privatizarse por valor de 1 billón de reales, unos 270.000 millones de dólares. Aunque no detalló qué empresas se verían afectadas, distintos medios de comunicación señalaron que entre ellas estarían el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bndes), el Banco do Brasil, Caixa y Eletrobras. Además, el ministro afirmó también que el gobierno está analizando la concesión de licencias para operar 5.600 kilómetros de autopistas.

Paralelamente, Bolsonaro anunció un programa de concesiones al sector privado en aeropuertos, puertos y ferrocarriles que busca atraer unos u$s 1.800 millones. Brasil, con una fuerte visión estatizante de la economía que incluyó a la dictadura de mediados del siglo XX, tiene cerca de 418 compañías controladas directa o indirectamente por estados y municipios, según un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

La semana pasada, Bolsonaro ratificó que concesionará cuatro puertos, 12 aeropuertos y vías férreas por un valor de 1.800 millones de dólares, al tiempo que el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, afirmó que el gobierno venderá algunos de los 700.000 inmuebles que posee, y se acordó dar de baja a empleados vinculados a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), en una clara limpieza “ideológica”.

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