QUITO.- Ecuador entró ayer en un “estado de excepción” decretado por el presidente Lenín Moreno ante un creciente conflicto generado por la quita de subsidios a los combustibles y la disparada de los precios en los surtidores. El conflicto se desató en realidad por un paro de transportistas de todo el país en rechazo a la quita de subsidios a las naftas, entre una batería de medidas anunciada por el propio Moreno, que respondió con una decisión aún más drástica.
Miles de ecuatorianos hacían ayer largas caminatas o viajaban apiñados en vehículos particulares para llegar a sus trabajos ante la huelga de las cooperativas de transporte público, taxis y camiones: el único medio de traslado disponible en Quito era el municipal, aunque en ciertos tramos estaba interrumpido por las manifestaciones, ya que las protestas bloquearon las avenidas y generaron fuertes enfrentamientos con la policía.
Otros miles de ciudadanos se plegaron a las protestas por la ira que desató la decisión de eliminar los subsidios al diésel y la gasolina en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), medida que generó un incremento de las tarifas de hasta el 123%. Acosado por la creciente protesta, Moreno decidió recurrir a la medida de excepción para “evitar el caos”.
“Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional”, anunció el mandatario a la prensa y aclaró que “las medias que tomamos en conjunto están firmes, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causaba tanto daño al país porque distorsionaba la economía”.
El mandatario ecuatoriano argumentó que los subsidios permitían “importantes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía” y advirtió “a quienes pretender imponer el caos como mecanismo de conseguir algo: ese tiempo se acabó”. El “estado de excepción” implica la restricción de algunas libertades, a la vez que permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a ciertas áreas estratégicas del país.