SANTIAGO DE CHILE.- El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile no cedía ayer pese a la decisión del presidente Sebastián Piñera de anular el aumento del precio del boleto del subterráneo, con nuevas protestas ciudadanas e incidentes en el centro de Santiago y otras ciudades del país.
El saldo de la crisis política ya tiene ribetes trágicos en materia humana y económica: hasta ayer, se contabilizaban al menos diez muertos en los incidentes entre la noche del sábado y la víspera (tres fallecieron en el incendio de un supermercado en San Bernardo, otros cinco en el incendio de una bodega en Renca, y ayer se sumaron dos más), mientras que los detenidos ya se acercaban al millar de personas (en la mañana de ayer, superaban los 800). Los daños materiales resultaban a su vez incalculables por el momento: sólo los incendios en la red de metro de Santiago – la más moderna y cara de América Latina- causarán pérdidas por 300.000.000 de dólares y podrían mantener algunas líneas paralizadas por hasta cuatro meses.
El gobierno de Piñera se mostraba además incapaz para contener la crisis, ya que ni el levantamiento del aumento de la tarifa del subterráneo de la capital del país –que el viernes dio origen a las protestas- ni el “estado de emergencia” declarado a nivel nacional o el “toque de queda” impuesto en las ciudades más candentes lograron frenar ayer las manifestaciones.
Tampoco la militarización del país hizo mella en los manifestantes chilenos, que ayer volvieron a las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción y Chacabuco, entre las principales ciudades, a manifestarse ya contra el modelo de país de Piñera, que se vio obligado a renovar el “toque de queda” en esas localidades para la noche de ayer y la madrugada de hoy.
Manifestantes encapuchados volvieron a enfrentarse de hecho con efectivos de seguridad en la céntrica Plaza Italia de Santiago, pese a la fuerte presencia militar. Dos personas resultaron heridas de bala y se encontraban graves tras un incidente con una patrulla militar también en el sur de la ciudad en un contexto de saqueos, que se repitieron en otras ciudades del país. Pese a la represión feroz, los daños materiales se acumulaban: Walmart informó que 60 de sus locales sufrieron ataques y en Ñuñoa, una de las comunas símbolo de la clase media emergente, se quemaron 35 vehículos que estaban estacionados en una automotriz. En Valparaíso, se incendió y saqueó el histórico edificio del diario El Mercurio, el más importante del país; los manifestantes quemaron una estación ferroviaria por completo; y en pleno centro de Santiago incendiaron una planta de distribución eléctrica.
La capital del país mostraba de hecho ayer una estampa apocalíptica: los shoppings y grandes locales comerciales permanecían cerrados para evitar desmanes, el transporte público estaba prácticamente paralizado, muchos vuelos eran suspendidos o cancelados en el aeropuerto, más de 20.000 hogares se encontraban aún sin suministro eléctrico.
Ante ese panorama, unos 9.000 militares cubrían ayer las 136 estaciones de metro y 43 instalaciones de infraestructura crítica, como distribución de agua, electricidad, combustible y gas, talleres del metro o aeropuertos. “Las Fuerzas Armadas se han concentrado en proteger las instalaciones básicas”, informó la Presidencia. La situación se complejiza por la falta de liderazgos claros y un pliego concreto de reclamos de los manifestantes, cuya rabia está dirigida a un modelo económico excluyente, en el que el acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y el alza de los servicios básicos.
Piñera busca una salida a la crisis
SANTIAGO DE CHILE.- “La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el Estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla”, aseveró ayer un atribulado Sebastián Piñera para ratificar la renovación del “toque de queda” (que implica la suspensión de los derechos y garantías ciudadanas) en las regiones más convulsionadas del país (Santiago, Concepción, Valparaíso, entre otras).
Tras reunirse en la Casa de Gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, el mandatario consideró que los responsables de los saqueos “están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad” y aseguró que buscarán medidas para enfrentar el “vandalismo, la delincuencia que hemos conocido en los últimos días. Pero también buscar caminos de solución para atender” las demandas.