Más de 75.000 personas se concentraron en la Plaza Italia de la capital chilena, Santiago, en el marco de la ola de protestas que se suceden en el país desde el 17 de octubre, según los datos de la Intendencia Metropolitana.
La concentración fue la tercera convocada por redes sociales y buscaba igualar la del 25 de octubre que reunió 1,2 millones de personas en la misma plaza, seguida por otra no tan masiva el 1 de noviembre.
Pero los incidentes violentos, liderados por encapuchados que se suceden desde el 18 de octubre también han desinflado un poco el movimiento que sin embargo no ha dejado de protestar día tras día. En este contexto, se han registrado a pocos metros de la Plaza Italia actos de vandalismo, donde se quemó parte de la sede de la privada Universidad Pedro de Valdivia, que alberga las oficinas de la rectoría de la institución. Un edificio patrimonial construido en 1915. Tras varias horas, 18 compañías de bomberos lograron controlar las llamas.
Muy cerca de la universidad quemada, un grupo de encapuchados saqueó una iglesia histórica, la Parroquia de La Asunción construida en 1876, y utilizó parte de su mobiliario para encender barricadas.
El Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, aseguró que «tras un marcha donde acudieron cerca de 75.000 personas, comenzaron a haber varios disturbios con barricadas».
Desde aquel viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó la ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y pensiones, entre otros puntos, que revelan la falta de distribución y movilidad social del país trasandino.
Veinte muertos y más de mil heridos han dejado las manifestaciones con disturbios que han golpeado a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina.
El Instituto de Derechos Humanos ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas, ha causa de la fuerte represión policial.
Felipe Berríos, sacerdote jesuita y referente de opinión pública, dijo que cree que el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, ha sido muy lento para reaccionar, porque justamente está tocando intereses de los más poderosos.
Piñera, llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió «perdón» por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social» que igualmente no ha sido legitimada en la población.