A cuatro meses de su salida del poder, la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado junto a dos de sus ministros en una investigación por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019, en una noticia que sacudió a la región y reavivó la tensión con la oposición boliviana, que niega la existencia de un alzamiento.
La Fiscalía General de Bolivia solicitó de hecho ayer la prisión preventiva de Áñez por seis meses, bajo la acusación de sedición, terrorismo y conspiración” por su participación en la caída de Morales en 2019, luego de su detención en la localidad de Trinidad en Beni, después de una intensa búsqueda por parte de la policía. Como ella, fueron detenidos también en Trinidad sus ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados.
Los principales partidos opositores de derecha condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios. La propia ex presidenta de facto denunció en las redes sociales un acto de abuso y persecución política” en su contra, y advirtió que el Ejecutivo la acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”. Ayer, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) que envíen misiones para verificar la persecución política” de la que se considera víctima.
Sin embargo, la fiscalía fundamentó su detención bajo la acusación de que Áñez participó de una conspiración para derrocar a Morales en 2019. La denuncia original, presentada en diciembre por Lidia Patty, ex legisladora del gobernante MAS, sostiene que Áñez participó, junto al líder civil de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, en un golpe de Estado que sacó a Morales del Ejecutivo tras 14 años en el poder.
La fiscalía sostuvo además que Áñez asumió la Presidencia de forma amañada” porque al momento de su asunción aún era vicepresidenta segunda del Senado. También pidió que permanezca en prisión preventiva al menos seis meses por el peligro de fuga y de interferencia en la investigación que implicaría dejarla en libertad. El requerimiento debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, e incluye a los ex ministros Coímbra y Guzmán.
Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, respondió a su vez Morales, mientras que el actual ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras y señaló que se está actuando a derecho porque le corresponde un juicio ordinario a Áñez, ya que se están juzgando sus actuaciones como senadora, no como ex presidenta. Por lo pronto, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se de transparencia a todos los procedimientos legales.